Julio Casares, uno de los mayores baluartes con los que ha contado la Corporación española a lo largo de su historia, hizo durante cinco años (desde 1959 hasta 1963) ímprobos esfuerzos para convencer a la ciudadanía de que la Real Academia Española, lejos de dormirse en los laureles y abandonarse a la molicie, permanecía plenamente activa y mantenía su obra vigente. Con un estilo didáctico, publicó en Abc una serie de artículos titulados «La Academia Española trabaja», destinados a hacer partícipe al público de las decisiones significativas respecto al léxico tomadas en el seno de la RAE.

Con ese mismo fin, la Academia actual nos regala periódicamente con avances digitales de obras de las que nunca más hemos sabido y con una constante demostración en prensa de su «febril actividad». Una de las más sobresalientes escenificaciones de su laboriosidad fue la firma, en julio del 2006, de un convenio de colaboración entre la Real Academia Española y la Vicepresidencia del Gobierno, por el que la RAE se comprometía a asesorar al Ministerio de la Presidencia, que coordina la tarea normativa de los diferentes ministerios,  para tratar de mejorar la calidad técnica y lingüística de las normas que elabora el Gobierno, «con el fin de procurar una mayor seguridad jurídica y una más fácil comprensión por parte de los ciudadanos» (Abc, 21/07/2006).  Según las líneas de actuación que establecía el convenio, debía procederse a la fijación de un conjunto de normas de redacción, promoverse la publicación de manuales o guías de estilo que facilitaran la labor de quienes a diario bregan con textos normativos, y elaborarse programas de acción normativa en el ámbito lingüístico del personal de la Administración. Sin embargo, a decir del especialista en lenguaje jurídico José Antonio González Salgado («El lenguaje jurídico del siglo XXI», Diario La Ley, 7209 (02/07/2009), p. 4), a día de hoy no hay constancia de que, tras su anuncio en la prensa, el acuerdo haya pasado de la pura declaración de intenciones; si nos atenemos a la calidad lingüística del BOE de principios del 2009, constatamos que en él «siguen apareciendo las mismas incorrecciones y faltas estilísticas» que el acuerdo del 2006 pretendía desterrar.

Silvia Senz