Uruguay: minorías lingüísticas, lenguas fronterizas y políticas lingüísticas actuales

La sociolingüista uruguaya Graciela Barrios nos presenta una exhaustiva investigación, profusamente documentada, sobre las distintas planificaciones del lenguaje regional.[1] Este resumen nunca reemplazará la lectura completa, que ofrecemos en estos enlaces: «Planificación lingüística e integración regional: el Uruguay y la zona de frontera@» y «Minorías lingüísticas y globalización: el caso de la Unión Europea y el MERCOSUR».

Planificación lingüística

Definición: «Cualquier tipo de acción deliberada sobre las lenguas, planificada y ejecutada por agentes institucionales».

La planificación lingüística adopta dos direcciones: la planificación del estatus (selección entre lenguas o variedades de una lengua por su funcionalidad) y la planificación del corpus (proceso de estandarización de las lenguas). Si bien están relacionadas en un todo, las legislaciones estatales se centran en la primera: qué lenguas cumplen determinadas funciones. La planificación lingüística elige la variedad que se juzga más conveniente, porque considera que todo cambia (la lengua, las relaciones entre lenguas) y que podemos intervenir deliberadamente en ese cambio.

Suelen usarse indistintamente los términos planificación y política en relación con el lenguaje: la planificación lingüística implica la puesta en marcha de los medios necesarios para la aplicación de una política lingüística, mientras que esta última se refiere más a los contenidos ideológicos de una planificación. Las políticas del lenguaje han existido «desde que los seres humanos se organizaron en sociedades y extendieron sus relaciones de contacto, intercambio y dominación hacia otras sociedades cultural y lingüísticamente diferentes. En la mayoría de estas relaciones, las lenguas juegan un papel de primer orden, tanto para organizar la dominación y hegemonía de un pueblo sobre otro, como también en los procesos de resistencia y liberación.», según Rainer E. Hamel.

La planificación lingüística implica una serie de pasos.

1) diagnóstico de la realidad sobre la que se va a actuar,

2) determinación de los objetivos —sociales, económicos, políticos—,

3) instrumentación de medidas —el sistema educativo cumple un rol fundamental—,

4) evaluación de los resultados —idealmente, en forma periódica—.

A la autora le interesan las tres primeras, y nos reseña la política lingüística llevada adelante en Uruguay; luego expresa la encrucijada frente a la política de integración económica regional (Mercado Común del Sur: Mercosur), remarcando la situación lingüística de la frontera con Brasil.

Planificación lingüística en Uruguay

El nacimiento de Uruguay a la vida independiente no fue consecuencia de los reclamos de una nación claramente definida política y socioculturalmente. Dentro del territorio nacional pueden seguir reconociéndose dos regiones distintas: la región norte y noreste, con un sustrato cultural y lingüístico portugués —los pobladores portugueses entraron en contacto con los hispanohablantes, mientras el gobierno de Montevideo fundaba varias ciudades limítrofes con el objetivo de contener su avance (las ciudades gemelas uruguayo-brasileñas: Artigas/Quaraí, Rivera/Livramento y Rio Branco/Yaguarón se convertirían en paradigmas de convivencia bicultural)—, y la región centro-sur y litoral oeste, con un sustrato hispánico —al que se agregaría la fuerte influencia de los inmigrantes europeos (italianos, sobre todo) que arribaron en grandes oleadas desde mediados del siglo pasado y hasta mediados del xx.

La planificación lingüística apunta a la resolución de problemas comunicativos o identitarios, por lo que los objetivos últimos no son lingüísticos, sino políticos, sociales, económicos, etcétera. La política lingüística en Uruguay se dirigió siempre a terminar con las diferencias lingüísticas existentes dentro de su territorio, considerando que así se fomentaba la unidad y se fortalecía la nacionalidad. Mediante el sistema educativo, los gobiernos implementan sus políticas lingüísticas; la variedad seleccionada como lengua nacional se enseña en la escuela y el maestro es el ejecutor de la planificación.

A través de la Ley de Educación Común (1877), en Uruguay se impuso la obligatoriedad de la enseñanza primaria y del idioma español como lengua de enseñanza. Las distintas regiones del país respondieron de forma diferente: en el centro-sur, las lenguas migratorias se restringieron y actualmente se completa un proceso hacia el monolingüismo español; en el norte, se llegó a las variedades subestándar del portugués con fuerte influencia del español: dialectos portugueses del Uruguay (o dpu). El español, como lengua nacional, ha cumplido las funciones de unificación y separación propias de las lenguas estándares.

Diglosia

El resultado de la planificación lingüística en Uruguay fue un aumento del bilingüismo diglósico en la zona fronteriza: el español es la variedad «alta», adecuada para las situaciones formales —incluida la educación— y los dpu son la variedad «baja», adecuada para las situaciones familiares e informales.

Luis E. Behares distingue dos matrices de bilingüismo:

1) una para las clases bajas: un dialecto del portugués como lengua primaria y el español estándar como lengua superpuesta;

2) otra para las clases medias y altas: el español como lengua primaria y el portugués como secundaria.

Por ello, los escolares de nivel social bajo expanden su repertorio lingüístico desde la variedad B hacia la A, en tanto que los de nivel medio y alto lo hacen en sentido contrario. Cabe razonar que el español (como variedad A) tiene, entre los hablantes de nivel medio y alto, un espectro amplio de posibilidades estilísticas (más o menos formales): la adquisición del español como lengua primaria les permite manejar los estilos más familiares, mientras que la escuela les inculca los más formales. En los niños de clase baja, la variedad B (los dpu) no se expande; queda limitada a un estilo informal. Tampoco la variedad A (el español) presenta para ellos variación estilística, ya que sólo podrán manejar los modelos enseñados en la escuela.

El hecho no debería constituir ningún perjuicio para los hablantes, ya que ese comportamiento coincide con el de muchas comunidades bilingües. Las estrategias comunicativas de los hablantes fronterizos no son extrañas ni contraproducentes, sino una de las tantas posibilidades que existen de adecuar el uso de lenguaje a las distintas situaciones comunicativas; incluso se argumenta que los recursos expresivos son mayores. Nuestra diglosia fronteriza es atípica porque distintos grupos se comportan diferente, por la relación entre las variedades A y B y por el modo en que se adquieren.

Sin embargo, todos los hablantes saben dónde usar una y otra variedad para no cometer errores de actuación. Así, la sociedad fronteriza se conforma como una comunidad en el sentido que le da William Labov: una comunidad de habla no se define tanto por un acuerdo real en el uso del lenguaje, como por el conocimiento que tienen los hablantes de cuáles son las normas de uso que lo gobiernan, en la comunidad en cuestión. Es en los dominios públicos y formales que el hablante presta especial atención a la forma de su mensaje y donde el planificador puede tener éxito en la tarea de convencerlo de que la alternativa seleccionada es la correcta, castigándolo o premiándolo por su actuación (como ocurre en el ámbito escolar).

Por el contrario, resulta mucho más difícil para los aparatos institucionales influir en los usos lingüísticos cuando una persona está empleando un estilo menos controlado, como ocurre en los ámbitos privados; son estas situaciones las que involucran la mayor parte de las producciones lingüísticas de un individuo a lo largo de su vida. Es por esta razón que las sociedades diglósicas pueden mantenerse estables durante mucho tiempo. La variedad A funciona en los ámbitos controlados por las instituciones, mientras que la variedad B continúa empleándose en los ámbitos menos accesibles para ese control. No obstante, el comportamiento privado de los hablantes no siempre se mantiene totalmente ajeno a la planificación lingüística estatal; ésta puede llegar a influir en las elecciones de los individuos en situaciones comunicativas informales. Esto ocurre cuando las políticas lingüísticas, al elevar el estatus de una lengua y estigmatizar otra, fomentan actitudes particularmente positivas hacia la primera y negativas hacia la segunda, de modo tal que los hablantes consideren que la lengua estigmatizada es un obstáculo para las posibilidades de ascenso social.

La expansión funcional del español en la zona de frontera ha sido el resultado de la planificación estatal, tanto de un modo directo como indirecto. En Uruguay muchos hablantes cuya lengua materna no es el español —sino el portugués, el italiano, el gallego— tratan de transmitir a sus hijos aquella variedad desde el hogar, con el fin de facilitarles el futuro desempeño social en una sociedad que se prevé como monolingüe española. El uso de una determinada variedad lingüística en los dominios informales está estrechamente relacionado con la identidad de los hablantes, por lo que planificación lingüística y planificación de identidad son dos conceptos íntimamente relacionados, y actuando sobre una se puede incidir sobre la otra, en ambos sentidos.

Cuando la planificación lingüística llega a crear conciencia social de la necesidad de introducir la lengua A en ámbitos que por definición escapan al control institucional, se puede prever un cambio sustancial: el desplazamiento de una lengua por otra y un resquebrajamiento de la situación diglósica. Las comunidades diglósicas pueden mantenerse estables en tanto se conserve la división de funciones de las lenguas involucradas. Por esto resulta arriesgado imaginar el futuro de la comunidad fronteriza como estable si el español avanza sobre los dpu también en los ámbitos menos formales, particularmente en las localidades urbanas.

Integración regional

En l994 se puso en funcionamiento el Tratado del Mercosur (Mercado Común del Sur), convenio económico entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los objetivos son básicamente económicos, pero incluyen referencias de tipo cultural y sobre política lingüística. El artículo 4 de las Declaraciones del Protocolo de Intenciones (13/12/91) manifiesta el interés de difundir el aprendizaje de los idiomas oficiales del bloque (español y portugués) a través de los sistemas educativos. Uruguay deberá instrumentar los mecanismos para cumplir con dicho propósito, que implica la enseñanza del portugués. Surge la expectativa de que una planificación lingüística que fomente el uso del español y del portugués como medio eficaz para planificar la identidad regional.

Se debe construir una identidad regional; pero, igual que con la nacional, se apela a la manipulación de las lenguas como un medio de alcanzar objetivos que en última instancia no son lingüísticos sino políticos, económicos, sociales y culturales. Se da la paradoja de que el Estado uruguayo, que tanto enfatizara a lo largo de su historia la necesidad de unificar y homogeneizar hacia dentro, pero también de marcar fronteras políticas y lingüísticas en relación con sus vecinos —en especial los del norte—, se enfrenta a la necesidad de plantearse objetivos lingüísticos y culturales opuestos. El discurso oficial tradicional minimizó los alcances de la diversidad lingüística en el norte del país —combatiendo lo que se negaba a aceptar que existía—; la introducción del portugués en el currículo educativo pasa a ser un tema molesto para quienes temen por la crisis de una identidad nacional, que parecen concebir sólo en términos de un modelo hispánico común.

Hacia fines de l995, una Comisión del codicen (Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública) elevó una propuesta: a) el fortalecimiento de la lengua materna; b) el establecimiento del inglés como primera lengua extranjera; y c) el cumplimiento del compromiso, asumido al ingresar al Mercosur, de reconocer la existencia de dos idiomas oficiales: español y portugués. Por el momento, no hay ninguna acción concreta que apunte a contemplar la zona de frontera como un caso particular dentro de la planificación lingüística de la integración; se necesitará un replanteamiento de su planificación lingüística interna, más allá de las propuestas estatales.

Asimismo, se vio frustrada la propuesta de cooficialización del guaraní en el ámbito del Mercosur —lengua hablada en tres de los cuatro países del bloque y, desde 1992, cooficial en el Paraguay—; pero la propuesta no tuvo eco, se creyó que era engorroso implementar la enseñanza de español y portugués y además incluir al guaraní en el esfuerzo, y que sería costoso redactar los documentos oficiales en tres lenguas distintas. La oficialización del guaraní no implicaba, sin embargo, una instrumentación inmediata de su enseñanza en todos los países del Mercosur, ni un uso estricto como lengua de trabajo en los ámbitos de este organismo, pero las aclaraciones no sirvieron para vencer la desconfianza de los detractores de la propuesta.

Hoy

La diferente interpretación y valoración de la diversidad (considerada ya como problema, ya como patrimonio cultural) es un tema central para entender las políticas lingüísticas en distintos períodos. Concepciones opuestas se traducen en tratamientos de las minorías lingüísticas también opuestos, tanto en el discurso como en las prácticas político-lingüísticas. El portugués está presente en el repertorio lingüístico de la frontera a través de los dpu; la presencia del portugués estándar, por el contrario, es marginal. Es claro que actualmente la alfabetización en español es la solución a la realidad sociolingüística de la región. Difícilmente pueda concebirse un desplazamiento del español en las funciones que cumple, y difícilmente el portugués estándar pueda sustituirlo en ese aspecto; incluso para los hablantes que tienen a los dpu como lengua primera, la realidad les indica que la lengua segunda que necesitan para actuar en sociedad es el español y no el portugués estándar. La enseñanza del portugués no puede concebirse para sustituir funcionalmente ni al español ni a los dpu, pero sí en la función participativa que se extrapola del tratado del Mercosur y que fundamenta su inclusión en el resto del territorio del Uruguay. Si el español y los dpu son las variedades locales necesarias para funcionar adecuadamente en las comunidades fronterizas, el portugués —encarado como lengua extranjera— será cada vez más necesario como lengua de la integración regional.

Cualquier decisión que se tome en relación con el estatus curricular del portugués en la zona de frontera deberá pasar por un diagnóstico actualizado de la realidad sociolingüística de la región, una adecuación didáctico-pedagógica de la enseñanza de dicha lengua (no olvidemos que allí no se parte «de cero») y un estudio serio que recoja las expectativas que en materia lingüística tienen los propios habitantes de la frontera.

El niño tiene derecho a que no se le exija el uso de una variedad que aún no conoce, pero también tiene derecho a que se le enseñen otras variedades que son funcionalmente necesarias en su comunidad, y sin cuyo conocimiento no podrá ser lingüística y socialmente competente. La recomendación imprescindible es que, en todos los casos, el docente tome conciencia de que su tarea consiste en una «ampliación» de los repertorios, y no en una sustitución de una variedad por otra. Esa tarea debe realizarse con la profunda convicción social de que las variedades B cumplen una función tan importante dentro de la sociedad como las variedades A. La represión indiscriminada de una variedad B es nefasta no sólo por los conflictos de identidad que acarrea el hecho, sino porque dentro de la comunidad los hablantes la necesitan efectivamente para comunicar con eficacia determinados mensajes y matices estilísticos. La variedad B es la que el niño maneja con sus pares. La prueba más fehaciente de su funcionalidad la encontramos en las mismas localidades fronterizas, cuando los niños que entran a la escuela siendo monolingües de español, aprenden los dpu en la interacción con sus compañeros. Si la variedad A es la lengua para las relaciones laborales, educacionales y para la escritura, la variedad B es la lengua para las relaciones familiares y de amistad; ambas son igualmente importantes.

Globalización

Los procesos de integración regional requieren de instrumentos para su consolidación, como los requerían los Estados nacionales con la misma finalidad. La lengua, referente primordial para la cristalización de identidades, se presenta una vez más como un instrumento válido para avanzar en la construcción, en este caso, de una cultura de globalización. La decisión sobre cuáles deben ser las lenguas oficiales y de trabajo de los tratados y organismos internacionales perpetúa la condición jerárquica de los estándares y, más concretamente, de las lenguas oficiales (o de uso oficial) de los países miembros. Y los criterios para determinar las lenguas oficiales de los organismos internacionales atraen la atención sobre el estatus de las demás lenguas, por lo que se genera una discusión sobre el estatus de las lenguas «minoritarias» con acotado o nulo reconocimiento oficial.

Aunque las facilidades de comunicación y desplazamiento han permitido el contacto entre comunidades que hasta hace poco se desconocían totalmente, también es cierto que estos mismos parámetros acentúan las distancias económicas entre ellas. Para paliarlas, han sacrificado sus lenguas como un modo de adecuarse a los requerimientos de los nuevos mercados. Sin embargo, asistimos a un paradójico revival étnico y lingüístico: evitaremos la «voracidad globalizadora» si mantenemos la diversidad cultural y lingüística. Esta toma de conciencia de la diversidad es sostenida por la movilización de activistas e intelectuales en reclamo de los derechos culturales y lingüísticos de las minorías, mientras que en los organismos internacionales se instala un discurso de la diversidad como patrimonio cultural y punto de partida para la paz internacional que es necesario evaluar en sus alcances.

La legislación lingüística compromete sobre todo el estatus de las lenguas, y sirve para consolidar y promover una lengua mayoritaria de uso oficial, o para defender una lengua minoritaria eventualmente amenazada en su supervivencia. Las disposiciones político-lingüísticas pueden tener alcance internacional, nacional o regional, y variar en sus niveles de intervención: cuestiones lingüísticas pueden mencionarse en la misma Constitución de un país, ser objeto de ley, o constituir una simple recomendación. Respecto de las minorías lingüísticas, no siempre se traducen en leyes, o las leyes en reglamentos y acciones prácticas que faciliten su aplicación.

La legislación que alude a derechos de las minorías tiene un punto de referencia ineludible en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde se afirma la fe «en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres», y se recuerda que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» (art. 1), «sin distinción alguna de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición» (art. 2). La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (Barcelona, 1996) recoge este espíritu y tiene como antecedente más específico los acuerdos y declaraciones que, en el ámbito de distintos organismos internacionales como la onu, el Consejo de Europa, la oit o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamaron la atención sobre los derechos lingüísticos de las minorías. La Declaración de Barcelona alerta sobre la estrecha relación existente entre lenguas amenazadas y subordinación política, económica y social, adoptando una posición crítica hacia las políticas homogeneizadoras de los Estados nacionales: «el universalismo se tiene que basar en una concepción de diversidad lingüística y cultural que supere a la vez las tendencias homogeneizadoras y las tendencias al aislamiento exclusivista».

Como factores que provocan desigualdad y subordinación, se señala tanto «la secular tendencia unificadora de la mayoría de los estados a reducir la diversidad y a favorecer actitudes adversas a la pluralidad y al plurilingüismo lingüístico», como «el proceso de globalización de la economía y, en consecuencia, del mercado de la información, la comunicación y la cultura» y «el modelo economicista de crecimiento propugnado por los grupos económicos transnacionales». El objetivo es lograr una «paz lingüística planetaria justa y equitativa, como factor principal de la convivencia social». La identificación entre paz lingüística y respeto a la diversidad es un concepto fuerte y novedoso, si tenemos en cuenta que tradicionalmente la diversidad ha sido evaluada como amenaza para la paz y armonía de una nación, en tanto concebida como generadora de conflictos y resultado del «castigo divino» (la Torre de Babel).

La responsabilidad de organizar la diversidad lingüística es asignada a los organismos internacionales y a las propias comunidades involucradas, quitándola del ámbito exclusivo de los Estados. Los derechos lingüísticos deben ser pensados «a partir de una perspectiva global, para que puedan ser aplicadas en cada caso las soluciones específicas adecuadas»; se parte «de las comunidades lingüísticas y no de los Estados», en un intento de alejar el centro de decisiones político-lingüísticas de los Estados y pasarlos a las comunidades, amparadas por organismos internacionales. El artículo 4 de la Declaración reconoce el derecho y el deber de los inmigrantes a la integración (entendida como un tipo de socialización adicional, que no implica la renuncia a las características culturales de origen), y señala que su eventual asimilación (aculturación) no debe ser nunca forzada o inducida, sino el resultado de una opción totalmente libre.

El discurso de la diversidad

Dentro del contexto regional, Uruguay mantiene una política lingüística particularmente conservadora en lo que a minorías étnicas se refiere. El hecho de no tener ya grupos indígenas encubre la necesidad de contemplar otro tipo de minorías lingüísticas, como las poblaciones luso-hablantes de la frontera uruguaya con el Brasil, o los inmigrantes. Y el hecho de que la principal minoría lingüística de Uruguay hable una variedad dialectal de una de las lenguas oficiales del Mercosur (el portugués) no ha sido argumento para que se reconozca algún tipo de derecho a esta minoría, como ocurre con los germanófonos y francófonos del norte de Italia, por ejemplo. Muy por el contrario, los dialectos portugueses hablados en el Uruguay han sido históricamente combatidos y las actitudes negativas que generan en el endo- y el exogrupo son el resultado directo de una política lingüística ferozmente represora, acompañada por un discurso oficial estigmatizante.

Los cambios políticos y económicos de la región sitúan a Uruguay frente a una situación paradójica: la integración regional (en lugar de la diferenciación regional) y la implantación del portugués (en lugar de su represión). Para lograr la uniformidad lingüística, el Estado uruguayo ha luchado más o menos explícitamente durante décadas contra el portugués; ahora, se espera que fomente su uso y aprendizaje. Los fundamentos esgrimidos para la inclusión del portugués en estos programas educativos aluden básicamente al contexto del Mercosur y no al hecho histórico, sociolingüístico y cultural de que el portugués es la segunda lengua hablada en el Uruguay y la lengua materna de una buena parte de su población.

El discurso de la diversidad está presente en los dos bloques regionales (ue y Mercosur), pero con distinto énfasis y preeminencia: dentro de las minorías étnicas, las autóctonas y de más antiguo arraigo tienen mayores posibilidades de entrar en el argumento del «patrimonio cultural» y por lo tanto de ser reivindicadas, y el hecho de hablar lenguas minoritarias que son oficiales en otros países no garantiza algún tipo de privilegio en términos de reconocimiento. La tutela de los inmigrantes es prácticamente ignorada más allá de la Declaración de Barcelona, y no aparece en esa legislación la más mínima referencia a la discriminación que sufren los hablantes de variedades no estándares.

En la legislación de ambos bloques se da una suerte de jerarquización de la diversidad, una aceptación de lo diferente ma non troppo, que deja fuera a los extranjeros. En el contexto europeo esta posición excluye básicamente a los inmigrantes recientes, mientras que en América deja fuera también a migraciones que, por su arraigo, podrían ya considerarse «históricas». Graciela Barrios ha llamado la atención sobre la discriminación de que son objeto estos hablantes en el Uruguay, a pesar de ser hablantes nativos de español, y ha propuesto que, en tanto grupos lingüísticamente marginados (aunque eventualmente mayoritarios desde el punto de vista numérico), sean interpretados como un caso particular de minoridad lingüística: «Quisiera hacer extensivo el concepto de minoría lingüística a otros grupos sociales que, por el hecho de ocupar un lugar marginal dentro de la sociedad y, concomitantemente, no manejar la variedad estándar, son también discriminados y objeto de representaciones negativas que conducen a acciones político-lingüísticas que reproducen y consolidan la estigmatización y la marginación (si bien no la eliminación del grupo como tal, recurso que en este caso resultaría obviamente más engorroso)».

Como señala Müller de Oliveira para el caso del portugués, la discriminación de hablantes de variedades no estándares de esta lengua es mantenida a través de un establishment (escuelas, mass media, reparticiones públicas) que desvaloriza «o conteúdo do que falam por causa da forma como falam» (destacado del autor). Observa que la misma Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos soslaya este asunto, “«estringindo-se apenas aos direitos dos falantes de línguas específicas, definidas político-lingüisticamente, e deixando a descoberto a regulamentação de políticas lingüísticas dentro dos idiomas, área evidentemente muito mais polêmica e sujeita mais fortemente às tradições e conjunturas internas dos vários países» (destacado del autor). El vacío legal es el correlato de la menor visibilidad político-lingüística que tienen las variedades no estándares en relación con las estándares (no se puede legislar sobre variedades que «no existen»). Invisibilidad que no mitiga la discriminación de que son objeto los hablantes de esas variedades por alejarse de la norma prescriptiva. No hay acciones político-lingüísticas que apunten a limitar la discriminación hacia hablantes de variedades no estándares y que combatan el purismo lingüístico, pero sí hay acciones político-lingüísticas que apuntalan la discriminación, llevadas adelante por organismos oficiales mediante campañas idiomáticas de corte purista que complementan la lucha contra las lenguas minoritarias. Durante el período de dictadura militar en el Uruguay, por ejemplo, el gobierno instrumentó dos tipos de campañas idiomáticas: una contra quienes hablaban portugués, y otra contra quienes hablaban un español catalogado como «incorrecto»; para ser «un buen oriental» (uruguayo) no bastaba con hablar español en lugar de alguna otra lengua, sino que había que adherirse a una determinada variedad de español. La aplicación de requisitos lingüísticos tan estrictos acentúa la discriminación lingüística de los grupos no hispanohablantes, pero también de cualquier hablante que no maneje la variedad estándar.

Son múltiples y variados los canales de discriminación social a través del lenguaje, con la función de mantener el statu quo de los grupos de poder. El respeto a la lengua y cultura de comunidades y grupos lingüísticos minoritarios (o minorizados) debe canalizarse no sólo con legislación específica, sino propiciando un cambio de actitudes que vaya más allá de las cuestiones lingüísticas y que se vincule con un respeto y reconocimiento expresos de la diversidad. Esto es particularmente válido en el ámbito lingüístico, en que las consideraciones y los debates trascienden los canales del Estado, y donde los medios de comunicación masiva juegan un rol preponderante en la reproducción de representaciones sociales y lingüísticas.

Pilar Chargoñia (Montevideo, Uruguay)

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1. «Planificación lingüística e integración regional: el Uruguay y la zona de frontera» (A. Menine Trindade y L. E. Behares [orgs.], en: Fronteiras, Educaçao, Integraçao, 1996, Santa María, Pallotti, pp. 83-110) y «Minorías lingüísticas y globalización: el caso de la Unión Europea y el Mercosur» (G. Barrios, 2006, Revista Letras, Santa María, 32, pp. 11-25.