El artículo que a continuación ofrecemos es un extracto del capítulo 9 (S. Senz Bueno: «Una, grande y esencialmente uniforme. La RAE en la conformación y expansión de la "lengua común"») del libro El dardo en la Academia (S. Senz y M. Alberte: El dardo en la Academia, Barcelona: Melusina, 2011), anticipado en esta conferencia por Juan Carlos Moreno Cabrera, y en la Revista Eñe por Luis Fernando Lara y Silvia Senz ), y trata de la creación de la Fundación pro Real Academia, episodio que marca el inicio de la venta de la Real Academia Española a los intereses del gran capital español, una semiprivatización solapada cuyos penosos resultados estamos viviendo los hablantes en estos días.
[...]
3.5.2. La situación de la RAE tras el franquismo
3.5.2.1. Estado financiero y estructura
La RAE superó la oscura etapa del franquismo, en la que había visto decaer sus ingresos por la extinción de sus ediciones escolares, en un estado de evidente precariedad que no le permitía acometer el programa de publicaciones que se había propuesto con la renovación de su estatutos en 1977:1
1. Actualización del Diccionario de la Lengua Española.
2. Continuación del Diccionario Histórico.
3. Compendios de ambos diccionarios.
4. Contribución al Vocabulario Científico y Técnico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
5. Renovación de su Gramática.
6. Facultativamente, publicación de ediciones escolares para primera y segunda enseñanza de su Gramática.
7. Fomento de gramáticas de particulares, fueran o no académicos.
8. Ediciones literarias especiales.
9. Continuación de la publicación de las Memorias académicas.
10. Continuación de la publicación de la Colección de discursos de ingreso en la RAE.
11. Continuación de la publicación del Boletín de la RAE.
En cuanto a las academias asociadas, continuaban sumidas en la lipidia que mayoritariamente las caracterizaba.
En 1982, el diario El País publicaba un artículo titulado «La Real Academia de la Lengua debe sobrevivir con un presupuesto anual de 30 millones de pesetas» (Rosa María Pereda, 07/03/1982: en línea), donde se detallaba que, de esa cifra, un tercio ya lo absorbía la realización del Diccionario Histórico de la Lengua Española, y otros dos millones, la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua; el resto debía repartirse para cubrir los gastos (salarios, ediciones, dietas, viajes...) de los académicos con alguna responsabilidad u obra a su cargo y de las cincuenta personas, en su mayoría titulados superiores, que trabajaban en la RAE. Los dieciséis titulados (licenciados y doctores) del Seminario de Lexicografía, dirigido por Manuel Seco, que se dedicaban exclusivamente a la confección del Diccionario Histórico desde su fundación en 1946,2 el cual contaba con una subvención estatal desde 1961,3 cobraban por media jornada de trabajo una media salarial de 53 000 pesetas líquidas por mes en el caso de un redactor con siete trienios, es decir, con más de 21 años trabajando en el tema, y 46 000 otro con cuatro trienios. Para el mantenimiento de la sede académica —que había sido reformada en diversas ocasiones durante el franquismo—4 se recibían dotaciones extraordinarias del Ministerio de Cultura. Los académicos trabajan gratis et amore. La obligatoria asistencia a los plenos de los jueves, según el reglamento, se gratificaba con unas dietas simbólicas: algo más de setecientas pesetas. El director-presidente y el secretario perpetuo de la institución cobraban 93,70 pesetas al trimestre, «una reliquia de antiguas economías». En esas ocasiones, «la situación de penuria era el torcedor cotidiano de toda decisión que se tomara» (Zamora Vicente, 1999: 440).
[...]
3.5.3. La renovación académica
3.5.3.1. Estado financiero, estructura, y medios humanos y tecnológicos
En el artículo de El País donde se había hecho público el estado de penuria de la academia (Rosa María Pereda, 07/03/1982: en línea), los responsables académicos entrevistados manifestaron que, para contratar más personal y hacer frente a los gastos de su mantenimiento y actividad, «Ahora, además de la alta institución que es, la Academia tiene que ser una empresa». Según esta máxima obró su director ente 1982 y 1985, Pedro Laín Entralgo, al crear la Asociación de Amigos de la Real Academia Española, una entidad que, si bien podía estar constituida por cualquier persona simpatizante de la institución, gracias a su amplio rango de posibles aportaciones materiales, tenía un capital básico procedente de los grandes bancos y de importantes empresas (Zamora Vicente, 1999: 440) y estaba presidida por el gobernador del Banco de España. Gracias a la cuantiosa ayuda recibida, la academia dio impulso a sus publicaciones, informatizó el proceso de realización del Diccionario histórico y procedió a la microfilmación de su fichero léxico, «el verdadero tesoro de la Corporación», (ib.: 441) necesaria para su preservación, y a la adquisición de maquinaria para su lectura e impresión rápidas.
No obstante, en 1988, el flamante nuevo director de la Academia Española, Manuel Alvar, consideraba insuficiente el aporte privado y exigía en estos términos una política lingüística estatal para el castellano que dispusiera de fondos suficientes y estables con que apoyar una lengua que calificaba de «rentable»:
[...] Si bien los académicos —y el propio Alvar— no piden un gran sueldo por su trabajo en la Academia, sí les interesa la continuidad de su labor. «Habría que pensar qué es lo que se le exige a la Academia», afirma Alvar. «Porque es muy cómodo hablar de ella, para bien o para mal; pero al director se le pagan 33 pesetas al mes, los académicos no cobramos y hacemos nuestro diccionario, que da muchos millones, y no cobramos derechos del autor ni de nada. Habría que tener la consciencia de que la lengua es rentable, que vale muchísimo dinero, que produce muchísimas divisas. Pero, como en una fábrica, hay que invertir, como lo hacen en Francia. Un centro científico del idioma como el Instituto de la Lengua Francesa, que sólo para el diccionario tiene 150 investigadores de plantilla, es impensable aquí. Habría que planteárselo no sólo como la Academia, sino como un gran centro de investigación de la lengua. No se puede decir: el día que pueda usted y el día que tenga ganas, pues venga y échenos una mano», dice Alvar. [...] El nuevo presidente de la Academia recuerda que «en un informe que presenté hace dos días a la Academia decía que el problema no es que nos den unas subvenciones, que normalmente todos los ministros tienen buena voluntad y procuran hacerlo. Pero lo que sí tendría que existir es un compromiso de Estado. Que estuviera dentro de los presupuestos, como está una universidad, un museo o la enseñanza media o el Centro Reina Sofía. [...] Entonces, las subvenciones se podrían pedir para otras cosas, para hacer ediciones especiales. No creo que con el prestigio que tiene la Academia, si uno lleva un programa de realidades concretas, haya ninguna institución responsable que diga que no le da la gana de ayudar. [...]». [F. Jarque, 03/12/1988: en línea; la negrita es nuestra.]
Alvar logró que el presupuesto estatal pasara de los 34 millones de pesetas de 1987 a unos 150 en 1991, fecha en que fue sustituido por Fernando Lázaro Carreter en la dirección de la casa. Tampoco este consideró satisfactoria la ampliación: después de tomar posesión de su cargo, Lázaro Carreter tardó bien poco en denunciar de nuevo la situación financiera de la institución (El País, 07/12/1991: en línea):
El nuevo director de la Real Academia, Fernando Lázaro Carreter, percibirá 93 pesetas al trimestre por su nuevo cargo. La misma cantidad que cobra el tesorero u otros cargos. El resto de académicos sólo tienen dietas. «Es una vergüenza y todo el mundo se siente escandalizado. No hay derecho, respeto ni dignidad, es como una depreciación del trabajo que desarrollan los académicos. Es sangrante ver cómo se valora el trabajo de académicos como Pedro Laín Entralgo, Manuel Alvar o cualquier otro», asegura, indignado, el nuevo director.
En opinión de Lázaro Carreter, los fondos adicionales logrados por Alvar eran aún insuficientes «para que la Real Academia pueda realizar todos los objetivos marcados en sus estatutos, desde hacer el diccionario a editar facsímiles». Lo cierto es que sabía de lo que hablaba. En su discurso de toma de posesión del cargo, en diciembre de 1991 (cit. en Fernando Lázaro Carreter, «Sobre la autoridad y el poder de la Academia. [Extracto del discurso del director de la RAE en su toma de posesión]», Cuenta y Razón del Pensamiento Actual, febrero de 1992: 13-17), Lázaro —realista y pragmático como pocos directores académicos— ya había comentado los poco alentadores resultados del informe encargado por la RAE a la consultoría McKinsey, en el que se le pedía una evaluación de su Diccionario:
Un dato que conduce a máxima preocupación es que el nuestro sólo mantiene el 3 por 100 de presencia en el mercado de los diccionarios españoles. Diversas editoriales están aventajándonos, no sólo en la calidad de sus trabajos, sino en la modernidad de su realización, aunque todas ellas se beneficien de lo que nosotros hacemos, y, de un modo u otro, acaten nuestra precedencia. Pero puede temerse un día, tal vez no muy lejano, en que una empresa lexicográfica, con suficiente audacia y medios, aquí o en América, nos supere claramente, y nos desplace sin ningún miramiento. [F. Lázaro Carreter, 1992: 15-16.]
Iniciando su estrategia preventiva con el lema «Es necesario adelantarse a esa posibilidad», Lázaro proponía diversas medidas de urgencia para evitar la hecatombe que la liberalización del mercado de la lengua podía suponer para el prestigio, la influencia social y la continuidad de la RAE:
1. Profesionalizar el trabajo lexicográfico de la academia, creando un departamento especializado en su seno, equipado con los medios humanos e informáticos precisos, entre los cuales:
• conexión con las redes internacionales de comunicación;
• un banco de datos con diferentes sistemas de acceso y recuperación.
2. Elaboración de una nueva planta del Diccionario.
3. Evaluación de los costes que supondría tal renovación y ampliación estructural y solicitud de un presupuesto estatal suficiente para cubrirlos.
4. Aumento de los contactos con las academias de ultramar.
5. Colaboración con los principales agentes de difusión lingüística:
• con los medios de comunicación mediante un órgano mixto compuesto por representantes de los medios y académicos;
• con el mundo de la enseñanza, en este último caso por medio de Ministerio de Educación.
6. Presión sobre el Gobierno para alcanzar los objetivos propuestos, haciendo valer la encomienda oficial de la RAE recogida en sus Estatutos (mantener la unidad de la lengua española) y el papel de defensora del castellano que la Constitución, implícitamente, le otorga como institución del Estado:
Pienso que este fin debe ser abundantemente explicado por nosotros, y que debemos esforzarnos por persuadir a los poderes públicos y a todos los agentes sociales de que esa unidad que deseamos potenciar constituye la más firme infraestructura cultural, económica y política de la presencia hispana en el mundo. [F. Lázaro Carreter, 1992: 14.]
A las puertas del quinto centenario y recién celebrada la primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (v. § 3.4), las razones aducidas por la RAE debieron ser lo bastante persuasivas para que todas las fuerzas interesadas en darle nueva vida al hispanoamericanismo pensaran en algo mucho mejor que crear lo que Alvar había propuesto: un Instituto de la Lengua Española, de estudio científico del idioma, que fácilmente habría acabado arrinconando a la Real Academia Española al igual que habían hecho con su homóloga francesa las instituciones filológicas y político-lingüísticas creadas modernamente en Francia.8 En su lugar, la estrategia de reconvertir la Asociación de Amigos de la Real Academia Española en una fundación que canalizara presupuestos no sólo de donantes privados, sino también cantidades fijas de instituciones públicas como las 17 comunidades autónomas españolas (tuvieran o no el castellano como lengua propia) y algunos ayuntamientos, parecía más conveniente. La academia mantenía así su preeminencia como organismo estandarizador oficial y, al mismo tiempo, se dotaba de presupuestos anuales públicos fijos sin necesidad de que se creara una institución de política lingüística estatal para el castellano, que podría haber despertado las suspicacias de los nacionalismos periféricos. Así, el real decreto 1109/1993, de 9 de julio, aprobó los nuevos Estatutos de la Real Academia Española,9 derogando los anteriores (1859 y 1977) y sus modificaciones, que establecía nuevas estructuras y medios de financiación:
1. Se modificó la encomienda de la RAE, que hasta entonces tenía como fin principal «velar por la pureza, propiedad y esplendor de la Lengua Castellana», oficializando su carácter unitarista (art. 1):
La Real Academia Española tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Debe cuidar igualmente de que tal evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como éste ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor.
2. Se creó el Instituto de Lexicografía (art. 3), en el que se integró el Seminario de Lexicografía, dedicado al Diccionario Histórico. El Instituto se estructuró en dos órganos de trabajo:
• uno para realizar el Diccionario Histórico de la Lengua y
• otro para atender al léxico moderno, a las necesidades del Diccionario de uso y de otros Diccionarios que la academia decida elaborar.
Si bien debían estar ambos bajo la presidencia del director de la RAE y en estrecha dependencia de la Comisión que reglamentariamente se estableciera, contarían con personal propio y órganos de dirección independientes. La relativa independencia estructural del Instituto de Lexicografía quedó subrayada por el hecho de que los directores de sus dos órganos no debían ser forzosamente académicos.
3. Se creó la figura de un gerente (art. 26), que, bajo las órdenes del director y, en su caso, de una Comisión Delegada para la Gerencia formada por el director, el secretario y el tesorero, se encargaría de:
• la gestión de los Servicios Administrativos de la academia y la dirección administrativa del personal;
• la ejecución de los acuerdos de los órganos de gobierno de la Academia Española en el ámbito económico y la atención a todas las obligaciones materiales de la misma;
• la conservación y mantenimiento de los bienes de la Institución.
4. Se establecieron las fuentes de financiación académicas (art. 38):
• en la asignación ordinaria que se le concedía en los presupuestos del Estado y en las extraordinarias con que el Gobierno y donadores o fundadores particulares quisieran favorecer las actividades de la corporación;
• en los productos y utilidades de sus obras.
5. Se le dio libertad para gastar como creyera conveniente sus haberes, según sus fines y planes (art. 40). Y aunque se le exigía que rindiera cuentas al Gobierno, «en la forma establecida, de las cantidades que percibiere del Estado» (art. 41), se la eximía de dar cuentas del destino de las cantidades públicas percibidas por otras vías.
Para nutrir la academia de equipos de trabajo expresamente formados para participar en sus proyectos lexicográficos, en julio del 2001, a iniciativa de la Asociación de Academias de la Lengua Española, esta entidad firmó un acuerdo con la Fundación Carolina10 para poner en marcha en Madrid la Escuela de Lexicografía Hispánica, dirigida a filólogos y lingüistas latinoamericanos becados para ser formados como lexicógrafos (M. Mora, 16/02/2002: en línea; RAE y Asale, 2004: 25-26).
El artículo 1 del capítulo I del nuevo Reglamento académico de 1995 incluyó en las tareas académicas la construcción de un gran banco de datos del español, con dos versiones, actual e histórica, que reuniera tanto léxico de uso común como vocabulario especializado, instando a los académicos a «poner la mayor diligencia en señalar repertorios y fuentes, y en aportar el mayor caudal posible de voces, locuciones y frases usuales en todo el mundo de habla hispana y en los diversos estratos sociales» (RAE, 1995: 29).
El 20 de octubre de 1993 se refundó la Asociación de Amigos de la Real Academia Española como la Fundación pro Real Academia Española. Su presidente honorario era el rey de España, Juan Carlos I, que contribuyó a los fondos de la nueva entidad con una cantidad personal (un millón de pesetas), entendiendo que «la sociedad no puede ser indiferente al destino del idioma» (El País, 21/10/1993: en línea), en un acto de mecenazgo que un editorial de El País (30/10/1993) explicaba así: «El Rey ha sido quien ha puesto la primera piedra de esta iniciativa. Era natural que lo hiciera: el castellano es su modo de expresión cuando maneja el lenguaje de la cultura o el de la proyección del Estado. Incluso cuando se trata de defender o propugnar la esencia multilingüe de la cultura española». De este modo se consolidó el amparo real bajo el que la institución académica, y sus miembros, habían podido prosperar desde los inicios de la corporación. Colocándose al frente de la Fundación pro RAE, Juan Carlos I no hacía sino mantener una protección que ya había restaurado desde el momento de su advenimiento al trono, gesto que había sido retribuido por los académicos con la reanudación, a su vez, de la tradición dieciochesca de acudir «a presentar nuestros respetos a Vuestra Majestad» (RAE, X Congreso de Academias de la Lengua Española. Madrid, del 24 al 29 de abril de 1994. Memoria, Madrid: Espasa, 1997: 533). La RAE, como España, se modernizaba para seguir siendo, en esencia, la misma.
El presidente oficial de la Fundación pro RAE era Luis Ángel Rojo, presidente del Banco de España. El órgano rector de la fundación estaba formado por banqueros como Mario Conde, Emilio Ibarra, Emilio Botín, Jaime Terceiro, José María Amusátegui y empresarios como Óscar Fanjul (Repsol), Heliodoro Alcaraz (Telefónica), Juan M. de Mingo (Corte Inglés) y Hans Meincke (Círculo de Lectores). La fundación partía con 52 miembros fundadores y un capital de 800 millones de pesetas procedente de las aportaciones de empresarios, bancos y entidades, además de 10 millones de parte de cada una de las 17 comunidades autónomas, pese a lo cual los presidentes de las comunidades del País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana no asistieron al acto de constitución de la fundación. Este monto debía cubrir las siguientes tareas de renovación:
• las tareas de informatización de los archivos de la RAE,
• la conformación de un banco de datos del español contemporáneo,
• la nueva planta del DRAE y
• otros proyectos de diccionarios y necesidades de la institución.
El real decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprobó el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados11 había eximido ya a la reales academias (y demás academias de España) del pago de este impuesto. La ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General12 permitió considerar a la RAE sujeto de mecenazgo y establecer atractivos incentivos fiscales para los benefactores. Para garantizar debidamente la interacción entre la nueva fundación y la Academia Española, el real decreto 1857/1995, de 17 de noviembre, modificó de nuevo los Estatutos de la RAE:
1. Subrayando que la institución tenía personalidad jurídica propia, lo que la capacitaba para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales.
2. Precisando su capacidad para crear fundaciones y asociaciones, así como para crear sociedades mercantiles o participar en sociedades no personalistas.
Pese a su potestad para crear sociedades, la ley 43/95, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (refundida en el legislativo 4/2004, de 5 de marzo), en su artículo 9 eximió a la RAE (y demás academias de España) del pago de dicho impuesto, y quedaron parcialmente exentas las entidades de mecenazgo y sin ánimo de lucro como lo era la Fundación pro RAE. De la ley 49/2002, del 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (que ampliaba y mejoraba la ley 30/1994, de 24 de noviembre) se derivaron estos otros beneficios para la RAE , la Fundación pro RAE y sus mecenas:
1. Los benefactores de la RAE, tanto por vía Fundación pro RAE como por convenio directo entre una empresa y la RAE, podían obtener mayores deducciones fiscales de la labor de mecenazgo realizada (M. Cruz Amorós y S. López Ribas, 2004: 173-239).
2. Tanto la RAE como la Fundación pro RAE (ambas clasificables como entidades «sin ánimo de lucro») podían realizar explotaciones económicas de acuerdo con las actividades propias de su objeto o finalidad estatutaria e incluso explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria siempre que su volumen de negocio no superase el 40 % de los ingresos totales de la entidad (ley 49/2002, art. 3, § 3)13.
3. Ambas quedaban claramente exentas del pago de los impuestos sobre Sociedades, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas (M. Cruz Amorós y S. López Ribas, 2004: 145-151).
El nuevo Reglamento académico de 1995 desarrolló todas las disposiciones estatutarias básicas y adjudicó a la Junta de Gobierno de la institución la tarea de «fijar las remuneraciones de los cargos y las retribuciones generales y especiales, así como las dietas que correspondan a los señores Académicos. Resolverá también la Junta todo lo concerniente al nombramiento, remuneración y reglamentación del personal de la Academia» (RAE, 1995: 55). La cuantía de esas cantidades se desconoce. La Academia Española no las facilita.
Al finalizar el mandato de Fernando Lázaro Carreter en diciembre de 1998, la Fundación pro RAE contaba con decenas de patronos y sus aportaciones sumaban el 40 % del total del presupuesto de la RAE . No obstante, según declaraciones de su sucesor y actual director de la RAE, Víctor García de la Concha, en comparecencia ante el Senado español, tampoco las ayudas percibidas por medio de la Fundación pro RAE sumadas a las del Estado acabaron resultando suficientes para financiar la renovación de infraestructuras y planes académicos y al mismo tiempo prestar ayuda a las academias hispanoamericanas en situación de precariedad. Por ello se emprendió la firma de convenios de colaboración en la financiación de proyectos con diversas empresas, muchas de las cuales ya formaban parte de la Fundación pro RAE y compartían intereses con la Academia Española, y se canalizaron a través de esta fundación ayudas estatales suplementarias:
En cuanto al presupuesto, siempre es, por definición insuficiente en una institución de este tipo. Nosotros recibimos una parte del presupuesto del Estado —lo sabe su señoría porque tienen que aprobarlo—, que viene a ser menos de la mitad de lo que realmente gastamos. El resto lo recabamos de ayudas. El Director de la Academia es un continuo mendicante. Tenemos en este momento, como sabe, la Fundación pro-Real Academia Española, cuyo presidente de honor es Su Majestad el Rey. La idea era que se constituyera un capital fundacional importante cuyas rentas pudieran mantener las actividades pero, naturalmente, el bajón de los intereses ha hecho que esa ayuda, aunque considerable, se haya quedado corta, como ocurre en todas las fundaciones. = Por tanto, lo que estamos haciendo es buscar ayudas para cada uno de los proyectos que tenemos. Y vamos a hacerlo y estamos haciéndolo con rigor, es decir, si nosotros queremos reformar los americanismos vamos a Endesa, que tiene intereses en Hispanoamérica, y le decimos que vamos a hacer este trabajo, y vamos a hacerlo en tanto tiempo, y le ofreceremos a usted detallada cuenta de cómo gastamos su dinero. = En la Academia trabajan en este momento más de cien personas, pero aparte de eso nos encontramos con el gran problema de las academias americanas y sus limitaciones presupuestarias, y tenemos que estar ayudándoles porque creemos en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. [España. Cortes Generales, 2002: en línea; la negrita es nuestra.]
Así, mediante convenios puntuales, la Academia Española fue sumando importantísimas cantidades a las cuotas fijas de sus benefactores de la Fundación pro RAE y a los presupuestos estatales, que en 1999 el Gobierno de Aznar había fijado en una cantidad de 500 millones de pesetas (3 005 062,70 €) (Letralia, 03/05/1999: en línea), gesto que García de la Concha agradeció recordando que el espíritu de la Casa era «Servir al honor de la nación. Servir al honor del idioma» (Antonio Astorga, «La Real Academia “se robotiza”», ABC, 16/04/1999: 67). Poniendo sólo algunos ejemplos sin ánimo de exhaustividad:
1. La academia y el Grupo Prisa firmaron un convenio de colaboración (El País, 11/12/1998: en línea) por el que el grupo periodístico prestaba apoyo económico para la informatización de la institución.
2. Para la revisión de diversos campos del léxico registrado en la edición en CD-Rom del DRAE2001, según consta en los preliminares de este, se recibieron ayudas especiales de diversas entidades:
[...] el minucioso trabajo de revisión de los americanismos registrados en el Diccionario y la extraordinaria adición de nuevos artículos y acepciones revisados por las Academias Correspondientes y por la Comisión Permanente, han sido facilitados por Endesa14 y sus empresas colaboradoras:
– Fundación Endesa, España
– Enersis, Chile
– Chilectra, Chile
– Río Maipo, Chile
– Edesur, Argentina
– Edelnor, Perú
– Cerj, Río de Janeiro, Brasil
– Coelce, Estado de Ceará, Brasil
– Codensa, Colombia.
La revisión del léxico jurídico del Diccionario ha sido patrocinada por la editorial Civitas. = Con la ayuda económica del Grupo prisa se han realizado diversas acciones informáticas de preparación del Diccionario.
Según el Boletín de la Real Academia Española (tomo lxxix, cuaderno cclxxviii, septiembre-octubre de 1999, p. 446), la academia recibió 60 millones de pesetas (360 607,52 €) sólo de Endesa en virtud del convenio firmado entre ambas entidades con objeto de «financiar los estudios en colaboración con las academias hispanoamericanas. Este proyecto permitirá la revisión de los registros existentes y la adición de nuevos testimonios o aceptaciones, lo que supondrá el perfeccionamiento continuo del Diccionario en este ámbito léxico».
El 9 de octubre del 2001 las fundaciones pro RAE y Endesa renovaron su acuerdo de colaboración (El País, 10/10/2001: en línea) por el cual la empresa eléctrica se comprometía a invertir otros 60 millones de pesetas (360 607,52 €) entre el 2002 y el 2004, que la academia destinaría a recopilar americanismos de los diferentes diccionarios de la RAE, crear robots de búsqueda de información en Internet, así como a buscar neologismos y regionalismos en páginas web.
En el 2005 suscribieron un nuevo convenio por el que la Fundación Endesa se comprometía a aportar hasta el 2011 un total 481 000 euros (algo más de 80 millones de pesetas) (Fundación Endesa, 2006: 58) para cubrir los objetivos siguientes:
• Revisar sistemáticamente las bases de datos y las obras lexicográficas especializadas para determinar qué voces y qué acepciones de Hispanoamérica y Filipinas deben añadirse al Diccionario y cuáles deben enmendarse o suprimirse.
• Evaluar qué voces y acepciones americanas y filipinas corresponden a términos de uso general en los respectivos países y cuáles son propios de niveles sociales de registro, de especialidad técnica, etc., más restringidos, para separar estos últimos, que sólo se incluirán en el Diccionario de Americanismos. [Fundación Endesa, 2006: 44-45.]
3. El 8 de marzo del 2000 Telefónica y la RAE firmaron un convenio de colaboración (Amelia Castilla, 09/03/2000: en línea; y RAE y Asale, «Convenio de colaboración entre Telefónica y la Fundación pro Real Academia Española», Boletín de la Real Academia, t. LXXX (enero-abril 2000), pp. 163-164: 63) por el que la entidad de telecomunicación aportaba 300 millones de pesetas (1 803 037,62 €) durante el periodo 2000-2002 para financiar:
• el desarrollo en Internet del servicio del Departamento de Español al Día, que atiende las consultas lingüísticas de los usuarios;
• la elaboración del Diccionario panhispánico de dudas, y
• la puesta en marcha de la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para la conexión de las 14 academias que carecieran de ella, a fin de establecer una red interacadémica a través de Internet.
El 12 de enero del 2004 se renovó para ese año el convenio anterior (El País, 13/01/2004: en línea), y en la web de Telefónica15 se precisó que la finalidad era en esta ocasión:
• Consolidar y continuar mejorando la calidad y rapidez de las respuestas del servicio Español al Día, que en ese momento recibía y despachaba una media de 275 consultas diarias de todas las partes del mundo.
• Patrocinar la redacción y revisión del Diccionario panhispánico de dudas, a fin de completar los materiales previstos para la primera edición impresa de la obra en el año 2005 añadiendo los campos de conjugación irregular, problemas de construcción y régimen, problemas de género, parónimos, usos impropios y extranjerismos.
Se anunciaba, además, que cuando el diccionario estuviera terminado, el Grupo Telefónica presentaría la versión electrónica en sus distintos servicios de Internet, al igual que ya hacía con el diccionario de la RAE, disponible en los portales de Terra y de la Fundación Telefónica. El hecho de que Telefónica costeara la realización del Diccionario panhispánico de dudas y se propusiera difundir su versión digital de inmediato, una vez publicada la impresa, no fue impedimento para que la RAE demorara meses la puesta a disposición del usuario de la versión en línea, a la espera de alcanzar las mejores expectativas de venta del volumen en papel.16
4. El 14 junio del 2007, la RAE y el Grupo Santander llegaron a un acuerdo para la creación de un nuevo corpus académico, el Corpus de Español del Siglo XXI (Universia, 15/06/2007: en línea),17 con el mecenazgo del grupo, mediado por su División Global Santander Universidades, cuyas actividades vertebran la acción social del banco. No se especificaba la cuantía.
5. Por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en 1999 recibió 2 000 000 de pesetas (12 020,25 €) de ayuda para «el proyecto “Digitalización del Catálogo de la Biblioteca de la Real Academia”»18 no por vía directa, sino a través de la Fundación pro RAE.
6. Para la financiación de las tres versiones previstas de la Nueva gramática de la lengua española (extensa [en tres volúmenes], manual y escolar) se firmaron convenios de patrocinio con Fundación Altadis, que costeó los volúmenes de Morfología y Sintaxis de la versión extensa; con Caja Duero, a cargo del volumen (aún inédito) de Fonética y Fonología y de la versión Manual, y con Fundación Mapfre, que ha de costear la versión básica. La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua sufragó las reuniones de la Comisión Interacadémica, e Iberia, en virtud del acuerdo comercial suscrito el 25 de noviembre del 2009, que convertía la aerolínea española en transportista aérea oficial de la Real Academia Española, asumió el traslado de sus miembros, colaboradores y de los representantes de las 21 academias a las diversas reuniones mantenidas.19
Al margen de las cuotas anuales de cada uno de los benefactores y de los convenios suscritos con cada uno de los patrocinadores de la Fundación pro Real Academia, de patrocinio de trabajos y equipos concretos de la RAE, el patronato de la fundación establece un presupuesto anual para la Real Academia Española; por ejemplo: «Durante el acto [de reunión del Patronato de la Fundación Pro RAE], el Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, como presidente de la Fundación Pro Real Academia Española, recordó que para 2002 en la última sesión del patronato se aprobó un presupuesto de ingresos de 2 200 000 euros y unos gastos de 1 740 000 euros, siendo la partida más importante de 1 650 000 euros que se entregarán a la academia para que, junto con las academias hermanas, pueda seguir realizando las actividades que están mereciendo general reconocimiento» (Abc, «La Fundación Pro RAE quiere intensificar la fraternidad con las otras academias de España», 15/02/2002: 2 y 43).
En el X Congreso de Academias de la Lengua Española (Madrid, 24-29/04/1994), la Fundación pro RAE hizo su primera intervención como entidad vinculada a la academia por voz de su presidente, Luis Ángel Rojo, quien hizo un llamamiento a la integración en la fundación de empresas y entidades «hispanoamericanas» usando el señuelo de los «beneficios que resulten de la unidad y de los trabajos conjuntos de la Asociación [de Academias]» (RAE, 1997: 537). Como en los viejos tiempos del hispanoamericanismo (§ 2.1 y 2.4), para persuadirlas del interés común que la fundación perseguía se llamaba a filas a la diplomacia presente en el congreso. Tales esfuerzos diplomáticos no debieron realizarse o no obtuvieron el éxito esperado, porque en el momento de concluir este artículo (julio del 2010) la Fundación pro RAE continúa estando mayoritariamente formada por entidades y empresas españolas.20
A día de hoy, y sin haber realizado un estudio exhaustivo y pormenorizado de las finanzas académicas, podemos afirmar que, sólo por vía pública y como ingresos constantes, la RAE y la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española llevan años recibiendo de los presupuestos generales del Estado del orden de 3,9 millones de euros anuales.21 La Academia Española también percibe del erario público partidas especiales para proyectos concretos, como es el caso de los 1,2 millones de euros destinados en el ejercicio en curso22 al inacabable Diccionario Histórico23 (partida anual desde el 2005; El País, 13/07/2005: en línea) o el presupuesto público (212 millones de pesetas = 1,27 millones de euros) destinado por el Ministerio de Cultura a los corpus CREA y CORDE para los ejercicios 1999 y 2000 (abc, 17/06/1999: 55). De cada una de las 17 comunidades autónomas españolas,24 tengan o no el castellano como lengua propia, recibe anualmente del orden de 30 000 € (0,510 millones de euros al año) vía Fundación pro RAE, al margen de ayudas destinadas a proyectos concretos.25 Y no contamos otras vías de sostén público menos constantes.26
Los datos, someros, hasta aquí expuestos dan una idea aproximada del volumen de caudales que la RAE —principalmente— y la Asale perciben desde hace años. Queda a juicio del usuario decidir si se corresponden con la calidad de la obra que producen y de los recursos que ofrecen —a menudo previo pago—. De la lectura de El dardo en la Academia se desprende fácilmente que no existe tal correspondencia. Así mismo opinaba el lingüista e investigador Carlos Subirats, comparando los presupuestos destinados a la RAE con los que reciben los centros de investigación universitarios que trabajan en el campo de la lingüística en España:27
Lamentablemente, en el contexto español, resulta necesario denunciar la incompetencia de la Academia —aunque se trate de una institución cuya existencia carece de sentido en una sociedad moderna—, puesto que obtiene anualmente una financiación estatal —sin mediar ningún proceso competitivo— que es muy superior a la que reciben en conjunto y durante el mismo periodo de tiempo todos los proyectos de investigación de lingüística en España. [Subirats, 2007: 172.]
Pero el avance de la lingüística en España es lo que menos importa en la política de apoyos públicos y privados a la RAE y la Asale. El actual director de la institución y continuador del programa de renovación que había impulsado Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha, en una entrevista concedida al suplemento El Cultural de El Mundo dejó perfectamente clara la clase de contrapartida por los servicios prestados (al Gobierno de turno, a la institución monárquica, a las fundaciones vinculadas a la Academia Española y a sus benefactores) que suponían todas estas ayudas financieras:
Al cabo, de lo que más orgulloso está es de «la política panhispánica», es decir, del reforzamiento de la colaboración con las Academias de la Asociación reconocido con el premio Príncipe de Asturias «y que ha superado con mucho la mera palabrería y se ha instalado en la realidad de la cooperación». Por eso, ahora que sólo le falta visitar Cuba («voy en otoño»), se felicita por la ayuda a las Academias que carecen de sede (El Salvador, Uruguay, Costa Rica y Guatemala), gracias a la Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. «No sólo eso, también hemos dotado a las Academias de infraestructura informática con el apoyo de Telefónica; vamos a dotarles de estos lexicógrafos, gracias a la Fundación Carolina y al Grupo Planeta. Esa política trasciende el interés específico de lo lingüístico para situarse en la cultura y la política de la comunidad iberoamericana». [...] «Ya desde la etapa del gobierno socialista, los gobiernos han entendido que la Academia está en el nivel de Estado. En esto la figura clave es el Rey, que por mandato constitucional es patrono de la RAE. A poco de ser elegido, la primera vez que me recibió sólo me pidió que atendiese a América. En el último almuerzo que tuvimos en la Academia [...] volvió a insistir en ello. Clave, pues, la figura del Rey en situar a la Academia en el nivel de política de Estado. Esto lo entendió el gobierno socialista, que duplicó el paupérrimo presupuesto de la Academia, y lo ha entendido el PP, que ha duplicado de nuevo el presupuesto.»
—¿Cuál es el de este año?
—Mil millones de pesetas.
—¿El cambio de imagen de la RAE de los últimos diez años es sólo cuestión de dinero?
—Creo que la Academia ha estado, una vez más, a la altura de las circunstancias. En esta década se ha dado cuenta del signo de los tiempos y ha percibido que había que entrar en la informatización, que había que crear el banco de datos al servicio de todos los usuarios del español, que había que entrar por el camino de la lingüística computacional, a través de grandes centros como Microsoft, que ya estamos o con ibm, que vamos a estar de manera inmediata. Eso supuso un esfuerzo de búsqueda de medios, y allí vino el Rey en nuestra ayuda con la creación de la Fundación Pro Real Academia. Ahora, si necesito revisar los americanismos y eso supone subvencionar a las academias americanas, acudo a Endesa, que sé que tiene intereses en Hispanoamérica. O vamos a Telefónica para que subvencione el Diccionario Panamericano. Sabemos sacarle brillo a la peseta. [N. Azancot, 18/07/2001: en línea; la negrita es nuestra.]
[Sigue en «Fundéu-BBVA: el largo brazo de la RAE en los medios».]
Notas:
La RAE superó la oscura etapa del franquismo, en la que había visto decaer sus ingresos por la extinción de sus ediciones escolares, en un estado de evidente precariedad que no le permitía acometer el programa de publicaciones que se había propuesto con la renovación de su estatutos en 1977:
1. Actualización del Diccionario de la Lengua Española.
2. Continuación del Diccionario Histórico.
3. Compendios de ambos diccionarios.
4. Contribución al Vocabulario Científico y Técnico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
5. Renovación de su Gramática.
6. Facultativamente, publicación de ediciones escolares para primera y segunda enseñanza de su Gramática.
7. Fomento de gramáticas de particulares, fueran o no académicos.
8. Ediciones literarias especiales.
9. Continuación de la publicación de las Memorias académicas.
10. Continuación de la publicación de la Colección de discursos de ingreso en la RAE.
11. Continuación de la publicación del Boletín de la RAE.
En cuanto a las academias asociadas, continuaban sumidas en la lipidia que mayoritariamente las caracterizaba.
En 1982, el diario El País publicaba un artículo titulado «La Real Academia de la Lengua debe sobrevivir con un presupuesto anual de 30 millones de pesetas» (Rosa María Pereda, 07/03/1982: en línea), donde se detallaba que, de esa cifra, un tercio ya lo absorbía la realización del Diccionario Histórico de la Lengua Española, y otros dos millones, la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua; el resto debía repartirse para cubrir los gastos (salarios, ediciones, dietas, viajes...) de los académicos con alguna responsabilidad u obra a su cargo y de las cincuenta personas, en su mayoría titulados superiores, que trabajaban en la RAE. Los dieciséis titulados (licenciados y doctores) del Seminario de Lexicografía, dirigido por Manuel Seco, que se dedicaban exclusivamente a la confección del Diccionario Histórico desde su fundación en 1946, el cual contaba con una subvención estatal desde 1961, cobraban por media jornada de trabajo una media salarial de 53 000 pesetas líquidas por mes en el caso de un redactor con siete trienios, es decir, con más de 21 años trabajando en el tema, y 46 000 otro con cuatro trienios. Para el mantenimiento de la sede académica —que había sido reformada en diversas ocasiones durante el franquismo— se recibían dotaciones extraordinarias del Ministerio de Cultura. Los académicos trabajan gratis et amore. La obligatoria asistencia a los plenos de los jueves, según el reglamento, se gratificaba con unas dietas simbólicas: algo más de setecientas pesetas. El director-presidente y el secretario perpetuo de la institución cobraban 93,70 pesetas al trimestre, «una reliquia de antiguas economías». En esas ocasiones, «la situación de penuria era el torcedor cotidiano de toda decisión que se tomara» (Zamora Vicente, 1999: 440).
3.5.2.2. ASCENDIENTE SOCIAL
Perdida desde la década de 1940 la larga y directa influencia que la RAE había ejercido sobre la sociedad por medio de su monopolio de la enseñanza de la gramática y de la ortografía en España (§ 1.7), su ascendiente quedó restringido a aquel círculo reducido y especializado de personas (docentes, periodistas, filólogos, editores, lexicógrafos, correctores, escritores, traductores, eruditos, personal de la administración...) que actúan como intermediarios en la transmisión de la norma a la sociedad. No obstante, ocupando el hueco que dejaba la deficiente obra académica, desde mediados de siglo se habían abierto paso entre estos grupos, por méritos propios, obras de descripción gramatical y diccionarios (de uso, etimológico, ideológico, de sinónimos y antónimos, de dudas...) fruto de la iniciativa editorial o de autoría individual, así como tratados sobre ortografía y compendios de la ortografía tipográfica que había ido fraguándose en el mundo de la imprenta. Este fue el caso de la primera edición del Diccionario general ilustrado de la lengua española (Barcelona: Vox, 1953), supervisado por el académico Samuel Gili Gaya y prologado por Ramón Menéndez Pidal, del ya clásico Pequeño Larousse Ilustrado o del Diccionario Planeta de la lengua española usual (Barcelona: 1990) dirigido por Francisco Marsà. Pero también el de obras de gran peso firmadas por nombres —entre ellos, también académicos por libre— que arrinconarían por completo la desfasada y limitada obra académica en el mundo de la enseñanza media y superior española y en el campo de la escritura, la traducción y la edición: María Moliner, Joan Coromines, Julio Casares, Fernando Corripio, Manuel Seco, Samuel Gili Gaya, Salvador Fernández Ramírez, Emilio Alarcos Llorach, José Polo o José Martínez de Sousa, por citar sólo algunos de los principales.
Desde finales de la década de 1970, en los medios de comunicación de masas habían ido proliferando libros de estilo que no siempre seguían las pautas académicas y que establecían modelos de lengua propios, fundamentados en criterios específicos del lenguaje, la comunicación y el negocio periodísticos a menudo alejados del ideario unitarista y homogeneizante.
La amenaza que toda esta competencia constituía para la autoridad académica, a pesar de la oficialidad de que la institución seguía gozando, era evidente.
3.5.2.3. CÓDIGOS NORMATIVOS Y ACTITUD NORMATIVA
La RAE alcanzó el periodo democrático de finales del siglo XX apenas consciente de los grandes cambios que se habían operado en la sociedad española. España se había incorporado al fin al tren de la tecnología, de la alfabetización y de la economía capitalista, asimilaba las revoluciones sociales que habían difuminado las diferencias entre sexos y clases sociales, dejaba atrás el peso de la moral católica y emergía de décadas de aislamiento político y cultural. Entretanto, la ortografía académica seguía confinada a los límites de lo manuscrito y de las necesidades escolares básicas; la gramática —aún oficialmente no renovada desde 1931— estaba doctrinalmente obsoleta, y el diccionario normativo respondía a una metodología lexicográfica caduca y seguía reflejando una visión de la sociedad, la moral y el idioma completamente trasnochada. Los tres principales códigos normativos que debían fundamentar la unidad idiomática eran, pues, a todas luces insuficientes para los requerimientos de una sociedad democratizada, tecnificada e industrializada y de un mundo cada vez más intercomunicado, en el que habían aumentado enormemente los contactos entre lectos y lenguas, cuya interpenetración se veía amplificada por la acción de los medios de comunicación de masas. La actitud autocomplaciente de la propia Academia, sus defectos orgánicos, su proverbial lentitud, su elitismo, su pudibundez, su enquistamiento en ideales de lengua trasnochados y en cánones estéticos dieciochescos, su anclaje en la ejemplaridad de un grupo de hablantes que ya habían perdido su influencia social, su tendencia a la arbitrariedad, a la subjetividad y al eclecticismo normativo y la consiguiente inconsistencia de sus obras no la colocaban en la mejor disposición para mantener su tradicional autoridad sobre los castellanohablantes ni para modelar la conducta lingüística de una sociedad que ya iba por libre. La RAE debía enfrentarse al reto de una lengua que se hacía en la calle y se imponía en los medios. Desde su experiencia sobrada en la regulación del castellano periodístico, así lo (d)enunció en 1985 ante el resto de academias el que sería principal responsable de su renovación, Fernando Lázaro Carreter, con unas palabras que merece la pena transcribir:
[CITA INTERCALADA:]
Hasta hace poco, el Diccionario académico era testimonio de una cultura, dirigido a los participantes, actores o receptores, en esa cultura. Su simple posesión constituía una señal de aceptación, y hasta cualificaba a su posesor como miembro efectivo o desiderativo de aquella determinada comunidad cultural representada por el código académico. Este era, y aún sigue siendo, rasgo de identidad de un grupo, todo lo extenso que se quiera, pero ya no el más influyente en los destinos de la lengua. Por lamentable que resulte, hay que reconocerlo. = Esa nueva sociedad es mucho menos literaria que la de antaño; sus modelos lingüísticos no suelen ser, o no lo son tanto, los grandes escritores, multitudinariamente desconocidos, sino la prensa y los programas de radio y televisión. Y, por tanto, también hemos de prestar atención a esos modelos, si nos importa describir la lengua real. Es bien sabido que una gran parte del lenguaje periodístico, o es oral, o tiende a la oralidad. En la misma medida, se aparta de los estilos formales o literarios anteriormente dominantes. [Asale, 1987: 32; la negrita es nuestra.]
La situación [idiomática] ha cambiado espectacularmente: la comunicación entre los distintos niveles de lengua es ahora absoluta. Se han disuelto los sólidos muros que mantenían jerarquizado el léxico en virtud de méritos sociales y culturales. Y ese abatimiento de barreras no se ha producido sólo entre las «clases» internas de la lengua, sino también entre lenguas distintas [...] es causa, si no determinante, sí coadyuvante en grado máximo, ese agente mediado de formidable eficacia que son los medios de comunicación. Actúan con diligencia extrema transportando léxico —y otras cosas, pero a él me limito— de lengua a lengua, y de estrato social a estrato social. El cambio lingüístico, antes tan despacioso, puede ser hoy casi instantáneo [...]. La historia de las lenguas ha adquirido un dinamismo nunca conocido, cuyo motor más enérgico es el transistor [...]. [Asale, 1987: 31-32; la negrita es nuestra.]
[una reducción de las distancias sociales y la nivelación del lenguaje] sólo puede hacerse a costa de reducir igualmente las exigencias de toda la conducta del hablante. Quien usa la voz pública hablando o escribiendo, puede obrar con la mayor impunidad, dado que no van a funcionar [...] los mecanismos sociales de rechazo. [...] Paralelamente, se ha desarrollado entre las masas el deseo de tomar la palabra, de hacer oír sus opiniones y críticas, o de expresar sus anhelos, sin temor ni al medio ni al modo [...]. [Asale, 1987: 33; la negrita es nuestra.]
Ese estado de magma que hoy caracteriza a las comunidades de hablantes, y, como es natural, a la nuestra, hace particularmente difícil la elaboración del Diccionario. Podemos seguir aplicando nuestro criterio selectivo ante la vulgaridad, en claro contraste con el proceder de los medios de difusión —no olvidemos tampoco el cine, el teatro o los espectáculos en pista tantas veces retransmitidos—, pero será a costa de divergir cada vez más de la realidad idiomática. [...] De nada sirve, sino de perjuicio nuestro, que lo silenciemos, si en la radio y en la televisión se dicen cosas como «es que no me aclaro», «pagué las cien del ala», [...] de una notable vulgaridad [...] que ofenden nuestro ideal de lengua[ ] o, si lo prefieren, nuestro ideal de Diccionario. Lo que ha hecho la masa hablante, en abierta alianza con ciertos medios de difusión, es, justamente, desplazar ese ideal, del centro idiomático donde reinaba, hacia los márgenes. La indiferenciación conspira hoy contra la selección [...] [Asale, 1987: 34; la negrita es nuestra.]
Podría formularse una ley, según la cual, cuando las barreras de selección se abaten, según ahora ocurre, tienden a formarse nuevas élites idiomáticas mediante el abuso del extranjerismo. [...] No sólo se está desvaneciendo la jerarquización interna, sino que el sistema mismo muestra inestabilidad e indecisión, tanto en los significantes como en los significados. Las unidades lingüísticas no son netas en la mente de infinidad de personas que hablan en público (no sólo periodistas, sino profesores, letrados, políticos y predicadores), que no ofrecen resistencia alguna a la acción analógica —combinada en muchas ocasiones con el influjo alienígena— y producen palabras como consultaciones o concertaciones por consultas o conciertos. [Asale, 1987: 38-42.]
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
La receta que administraba Fernando Lázaro para tratar la nueva situación se reducía a una simple y reiterada consigna: evaluación del estado académico y reforma. En cuanto al estado del Diccionario, dibujaba este crudo panorama, fiel reflejo del que ya había pintado José Martínez de Sousa (04/11/1984) en una certera crítica del DRAE1984 publicada en El País:
[CITA INTERCALADA:]
[...] nuestro Diccionario [...] tiene rasgos heredados de la tradición establecida por la Academia misma. [...] es selectivo por naturaleza [pero] tampoco realiza un determinado modelo de selección, sino que es confeccionado según criterios de consenso, el cual depende de la cambiante composición de las Academias, y de circunstancias aleatorias que conocemos bien. Reducimos el caudal léxico circulante a un promedio de aquel que los académicos nos formamos individualmente de nuestro particular ideal de lengua, aunque sea controlado por los datos objetivos que proporcionan nuestros insuficientes ficheros. El impulso casticista sigue moviéndose, cuando para otorgar plaza a una palabra nueva o a una nueva acepción, pedimos que sea acreditado su empleo por textos solventes, o aplazamos su introducción hasta que obtenga ese crédito. Por su parte, el purismo nos impide ceder ante vocablos extranjeros comúnmente empleados e insustituibles —de hecho, insustituidos— porque su catadura gráfica o fónica proclama ostensiblemente su extranjería. Pero, a la vez, mantenemos centenares de vocablos no usados ni usables, arcaicos, sólo presentes en viejos textos a cuyo desentrañamiento, pensamos, debe contribuir el Diccionario; o conservamos dialectalismos o localismos causalmente allegados. No es firme [...] el criterio para inventariar términos técnicos y científicos, y definimos, por ejemplo, el ácido muriático, pero no el lisérgico, de terrible presencia en las lenguas actuales. La fundamental aportación de voces americanas tampoco es fruto de una actividad sistemática. Por esta y otras razones, nuestro Diccionario representa una extraña idealización del léxico hispano, en el que conviven sincronía y diacronía, voces comunes y extravagantes, modalidades diastráticas y diatópicas que no se justifican más que otras ausentes; y en la que pueden producirse omisiones asombrosas, por el modo del trabajo lexicográfico, que no procede a revisiones y rastreos metódicos. El resultado es que la lengua reflejada en el Diccionario no se ha usado nunca, ni se usa, en parte alguna; y que la lengua que se usa sólo parcialmente está en él. [Asale, 1987: 30.]
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
Sin renunciar a su objetivo de defensa y preservación de las tradiciones culturales, a juicio de Fernando Lázaro el quehacer lexicográfico de la academia debía reorientarse en la dirección de un Diccionario inclusivo, que permitiera «reanudar nuestro contacto con una sociedad extraordinariamente mutada, que ha reducido su capacidad de respeto ante valores que le parecían intangibles, y que apenas si nos echa en falta» (Asale, 1987: 32). Para recuperar ese contacto, las academias debían además contar con la colaboración de los medios en la custodia idiomática y, en no menor medida, con la intervención en la educación y las administraciones de los poderes públicos, «para que, de una vez, se proceda a enseñar con seriedad la lengua española, y a exigir su posesión aceptable, al menos, por quienes deben enseñar o hacer uso de ella en público». Pero para poder reclamar tales apoyos, lo que la RAE necesitaba en primer lugar era no dormirse en los lauleres y acrecentar su autoridad mediante una urgente actualización:
[CITA INTERCALADA:]
Las Academias ya no pueden proceder como antaño. Si, en períodos anteriores, les bastaba con su instalación en el nivel sociocultural más alto, su perfecto acuerdo con la literatura —con cierta literatura— para quedar justificadas, precisan hoy, si de veras quieren influir en la vida del idioma, acordarse con el modo de vivir la lengua en el seno de la vida social. [Asale, 1987: 42-43.]
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
A las puertas de la celebración de un nuevo centenario de la conquista de América, en un mundo donde los Estados nación europeos apoyaban su presencia internacional en el concierto con sus antiguas colonias, la empresa, la «misión» que estaba en juego era evidente, y el papel que le correspondía en ella a las academias resultaba providencial:
[CITA INTERCALADA:]
Importa, en efecto, vitalmente a los pueblos hispanos mantener la unidad lingüística; es ella la que ha de darles la fuerza precisa para hacerse conjuntamente importantes en un mundo de bloques. Aflójense, rómpanse los nudos idiomáticos que hacen sólida la red de nuestros pueblos, y un siglo futuro conocerá la carrera de todos ellos hacia la insignificancia [...]. Si en la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América, las Academias hubieren logrado poner a punto los medios para asegurar o contribuir a asegurar la eficacia de la misión que les está asignada, al servicio de la consolidación unitaria del español, habrían prestado un servicio de rango verdaderamente histórico a la comunidad hispanohablante y a sus destinos. [Asale, 1987: 42-43.]
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
Para Fernando Lázaro Carreter, la lengua de la hispanidad seguía siendo «una unidad de destino en lo universal». Pero, por primera vez en la historia académica, su inteligencia y su determinado espíritu harán que la mera retórica panhispanista se materialice en un verdadero cambio del rumbo normativo del español... no se sabe si precisamente conveniente a la unidad.
3.5.3. La renovación académica
3.5.3.1. ESTADO FINANCIERO, ESTRUCTURA, Y MEDIOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
En el artículo de El País donde se había hecho público el estado de penuria de la academia (Rosa María Pereda, 07/03/1982: en línea), los responsables académicos entrevistados manifestaron que, para contratar más personal y hacer frente a los gastos de su mantenimiento y actividad, «Ahora, además de la alta institución que es, la Academia tiene que ser una empresa». Según esta máxima obró su director ente 1982 y 1985, Pedro Laín Entralgo, al crear la Asociación de Amigos de la Real Academia Española, una entidad que, si bien podía estar constituida por cualquier persona simpatizante de la institución, gracias a su amplio rango de posibles aportaciones materiales, tenía un capital básico procedente de los grandes bancos y de importantes empresas (Zamora Vicente, 1999: 440) y estaba presidida por el gobernador del Banco de España. Gracias a la cuantiosa ayuda recibida, la academia dio impulso a sus publicaciones, informatizó el proceso de realización del Diccionario histórico y procedió a la microfilmación de su fichero léxico, «el verdadero tesoro de la Corporación», (ib.: 441) necesaria para su preservación, y a la adquisición de maquinaria para su lectura e impresión rápidas.
No obstante, en 1988, el flamante nuevo director de la Academia Española, Manuel Alvar, consideraba insuficiente el aporte privado y exigía en estos términos una política lingüística estatal para el castellano que dispusiera de fondos suficientes y estables con que apoyar una lengua que calificaba de «rentable»:
[CITA INTERCALADA:]
[...] Si bien los académicos —y el propio Alvar— no piden un gran sueldo por su trabajo en la Academia, sí les interesa la continuidad de su labor. «Habría que pensar qué es lo que se le exige a la Academia», afirma Alvar. «Porque es muy cómodo hablar de ella, para bien o para mal; pero al director se le pagan 33 pesetas al mes, los académicos no cobramos y hacemos nuestro diccionario, que da muchos millones, y no cobramos derechos del autor ni de nada. Habría que tener la consciencia de que la lengua es rentable, que vale muchísimo dinero, que produce muchísimas divisas. Pero, como en una fábrica, hay que invertir, como lo hacen en Francia. Un centro científico del idioma como el Instituto de la Lengua Francesa, que sólo para el diccionario tiene 150 investigadores de plantilla, es impensable aquí. Habría que planteárselo no sólo como la Academia, sino como un gran centro de investigación de la lengua. No se puede decir: el día que pueda usted y el día que tenga ganas, pues venga y échenos una mano», dice Alvar. [...] El nuevo presidente de la Academia recuerda que «en un informe que presenté hace dos días a la Academia decía que el problema no es que nos den unas subvenciones, que normalmente todos los ministros tienen buena voluntad y procuran hacerlo. Pero lo que sí tendría que existir es un compromiso de Estado. Que estuviera dentro de los presupuestos, como está una universidad, un museo o la enseñanza media o el Centro Reina Sofía. [...] Entonces, las subvenciones se podrían pedir para otras cosas, para hacer ediciones especiales. No creo que con el prestigio que tiene la Academia, si uno lleva un programa de realidades concretas, haya ninguna institución responsable que diga que no le da la gana de ayudar. [...]». [F. Jarque, 03/12/1988: en línea; la negrita es nuestra.]
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
Alvar logró que el presupuesto estatal pasara de los 34 millones de pesetas de 1987 a unos 150 en 1991, fecha en que fue sustituido por Fernando Lázaro Carreter en la dirección de la casa. Tampoco este consideró satisfactoria la ampliación: después de tomar posesión de su cargo, Lázaro Carreter tardó bien poco en denunciar de nuevo la situación financiera de la institución (El País, 07/12/1991: en línea):
[CITA INTERCALADA:]
El nuevo director de la Real Academia, Fernando Lázaro Carreter, percibirá 93 pesetas al trimestre por su nuevo cargo. La misma cantidad que cobra el tesorero u otros cargos. El resto de académicos sólo tienen dietas. «Es una vergüenza y todo el mundo se siente escandalizado. No hay derecho, respeto ni dignidad, es como una depreciación del trabajo que desarrollan los académicos. Es sangrante ver cómo se valora el trabajo de académicos como Pedro Laín Entralgo, Manuel Alvar o cualquier otro», asegura, indignado, el nuevo director.
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
En opinión de Lázaro Carreter, los fondos adicionales logrados por Alvar eran aún insuficientes «para que la Real Academia pueda realizar todos los objetivos marcados en sus estatutos, desde hacer el diccionario a editar facsímiles». Lo cierto es que sabía de lo que hablaba. En su discurso de toma de posesión del cargo, en diciembre de 1991 (cit. en Fernando Lázaro Carreter, 1992: 13-17), Lázaro —realista y pragmático como pocos directores académicos— ya había comentado los poco alentadores resultados del informe encargado por la RAE a la consultoría McKinsey, en el que se le pedía una evaluación de su Diccionario:
[CITA INTERCALADA:]
Un dato que conduce a máxima preocupación es que el nuestro sólo mantiene el 3 por 100 de presencia en el mercado de los diccionarios españoles. Diversas editoriales están aventajándonos, no sólo en la calidad de sus trabajos, sino en la modernidad de su realización, aunque todas ellas se beneficien de lo que nosotros hacemos, y, de un modo u otro, acaten nuestra precedencia. Pero puede temerse un día, tal vez no muy lejano, en que una empresa lexicográfica, con suficiente audacia y medios, aquí o en América, nos supere claramente, y nos desplace sin ningún miramiento. [F. Lázaro Carreter, 1992: 15-16.]
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
Iniciando su estrategia preventiva con el lema «Es necesario adelantarse a esa posibilidad», Lázaro proponía diversas medidas de urgencia para evitar la hecatombe que la liberalización del mercado de la lengua podía suponer para el prestigio, la influencia social y la continuidad de la RAE:
1. Profesionalizar el trabajo lexicográfico de la academia, creando un departamento especializado en su seno, equipado con los medios humanos e informáticos precisos, entre los cuales:
• conexión con las redes internacionales de comunicación;
• un banco de datos con diferentes sistemas de acceso y recuperación.
2. Elaboración de una nueva planta del Diccionario.
3. Evaluación de los costes que supondría tal renovación y ampliación estructural y solicitud de un presupuesto estatal suficiente para cubrirlos.
4. Aumento de los contactos con las academias de ultramar.
5. Colaboración con los principales agentes de difusión lingüística:
• con los medios de comunicación mediante un órgano mixto compuesto por representantes de los medios y académicos;
• con el mundo de la enseñanza, en este último caso por medio de Ministerio de Educación.
6. Presión sobre el Gobierno para alcanzar los objetivos propuestos, haciendo valer la encomienda oficial de la RAE recogida en sus Estatutos (mantener la unidad de la lengua española) y el papel de defensora del castellano que la Constitución, implícitamente, le otorga como institución del Estado:
[CITA INTERCALADA:]
Pienso que este fin debe ser abundantemente explicado por nosotros, y que debemos esforzarnos por persuadir a los poderes públicos y a todos los agentes sociales de que esa unidad que deseamos potenciar constituye la más firme infraestructura cultural, económica y política de la presencia hispana en el mundo. [F. Lázaro Carreter, 1992: 14.]
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
A las puertas del quinto centenario y recién celebrada la primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (v. § 3.4), las razones aducidas por la RAE debieron ser lo bastante persuasivas para que todas las fuerzas interesadas en darle nueva vida al hispanoamericanismo pensaran en algo mucho mejor que crear lo que Alvar había propuesto: un Instituto de la Lengua Española, de estudio científico del idioma, que fácilmente habría acabado arrinconando a la Real Academia Española al igual que habían hecho con su homóloga francesa las instituciones filológicas y político-lingüísticas creadas modernamente en Francia. En su lugar, la estrategia de reconvertir la Asociación de Amigos de la Real Academia Española en una fundación que canalizara presupuestos no sólo de donantes privados, sino también cantidades fijas de instituciones públicas como las 17 comunidades autónomas españolas (tuvieran o no el castellano como lengua propia) y algunos ayuntamientos, parecía más conveniente. La academia mantenía así su preeminencia como organismo estandarizador oficial y, al mismo tiempo, se dotaba de presupuestos anuales públicos fijos sin necesidad de que se creara una institución de política lingüística estatal para el castellano, que podría haber despertado las suspicacias de los nacionalismos periféricos. Así, el real decreto 1109/1993, de 9 de julio, aprobó los nuevos Estatutos de la Real Academia Española, derogando los anteriores (1859 y 1977) y sus modificaciones, que establecía nuevas estructuras y medios de financiación:
1. Se modificó la encomienda de la RAE, que hasta entonces tenía como fin principal «velar por la pureza, propiedad y esplendor de la Lengua Castellana», oficializando su carácter unitarista (art. 1):
[CITA INTERCALADA:]
La Real Academia Española tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. Debe cuidar igualmente de que tal evolución conserve el genio propio de la lengua, tal como éste ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección, y de contribuir a su esplendor.
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
2. Se creó el Instituto de Lexicografía (art. 3), en el que se integró el Seminario de Lexicografía, dedicado al Diccionario Histórico. El Instituto se estructuró en dos órganos de trabajo:
• uno para realizar el Diccionario Histórico de la Lengua y
• otro para atender al léxico moderno, a las necesidades del Diccionario de uso y de otros Diccionarios que la academia decida elaborar.
Si bien debían estar ambos bajo la presidencia del director de la RAE y en estrecha dependencia de la Comisión que reglamentariamente se estableciera, contarían con personal propio y órganos de dirección independientes. La relativa independencia estructural del Instituto de Lexicografía quedó subrayada por el hecho de que los directores de sus dos órganos no debían ser forzosamente académicos.
3. Se creó la figura de un gerente (art. 26), que, bajo las órdenes del director y, en su caso, de una Comisión Delegada para la Gerencia formada por el director, el secretario y el tesorero, se encargaría de:
• la gestión de los Servicios Administrativos de la academia y la dirección administrativa del personal;
• la ejecución de los acuerdos de los órganos de gobierno de la Academia Española en el ámbito económico y la atención a todas las obligaciones materiales de la misma;
• la conservación y mantenimiento de los bienes de la Institución.
4. Se establecieron las fuentes de financiación académicas (art. 38):
• en la asignación ordinaria que se le concedía en los presupuestos del Estado y en las extraordinarias con que el Gobierno y donadores o fundadores particulares quisieran favorecer las actividades de la corporación;
• en los productos y utilidades de sus obras.
5. Se le dio libertad para gastar como creyera conveniente sus haberes, según sus fines y planes (art. 40). Y aunque se le exigía que rindiera cuentas al Gobierno, «en la forma establecida, de las cantidades que percibiere del Estado» (art. 41), se la eximía de dar cuentas del destino de las cantidades públicas percibidas por otras vías.
Para nutrir la academia de equipos de trabajo expresamente formados para participar en sus proyectos lexicográficos, en julio del 2001, a iniciativa de la Asociación de Academias de la Lengua Española, esta entidad firmó un acuerdo con la Fundación Carolina para poner en marcha en Madrid la Escuela de Lexicografía Hispánica, dirigida a filólogos y lingüistas latinoamericanos becados para ser formados como lexicógrafos (M. Mora, 16/02/2002: en línea; RAE y Asale, 2004: 25-26).
El artículo 1 del capítulo I del nuevo Reglamento académico de 1995 incluyó en las tareas académicas la construcción de un gran banco de datos del español, con dos versiones, actual e histórica, que reuniera tanto léxico de uso común como vocabulario especializado, instando a los académicos a «poner la mayor diligencia en señalar repertorios y fuentes, y en aportar el mayor caudal posible de voces, locuciones y frases usuales en todo el mundo de habla hispana y en los diversos estratos sociales» (RAE, 1995: 29).
El 20 de octubre de 1993 se refundó la Asociación de Amigos de la Real Academia Española como la Fundación pro Real Academia Española. Su presidente honorario era el rey de España, Juan Carlos I, que contribuyó a los fondos de la nueva entidad con una cantidad personal (un millón de pesetas), entendiendo que «la sociedad no puede ser indiferente al destino del idioma» (El País, 21/10/1993: en línea), en un acto de mecenazgo que un editorial de El País (30/10/1993) explicaba así: «El Rey ha sido quien ha puesto la primera piedra de esta iniciativa. Era natural que lo hiciera: el castellano es su modo de expresión cuando maneja el lenguaje de la cultura o el de la proyección del Estado. Incluso cuando se trata de defender o propugnar la esencia multilingüe de la cultura española». De este modo se consolidó el amparo real bajo el que la institución académica, y sus miembros, habían podido prosperar desde los inicios de la corporación. Colocándose al frente de la Fundación por RAE Juan Carlos I no hacía sino mantener una protección que ya había restaurado desde el momento de su advenimiento al trono, gesto que había sido retribuido por los académicos con la reanudación, a su vez, de la tradición dieciochesca de acudir «a presentar nuestros respetos a Vuestra Majestad» (RAE, 1997: 533). La RAE, como España, se modernizaba para seguir siendo, en esencia, la misma.
El presidente oficial de la Fundación pro RAE era Luis Ángel Rojo, presidente del Banco de España. El órgano rector de la fundación estaba formado por banqueros como Mario Conde, Emilio Ibarra, Emilio Botín, Jaime Terceiro, José María Amusátegui y empresarios como Óscar Fanjul (Repsol), Heliodoro Alcaraz (Telefónica), Juan M. de Mingo (Corte Inglés) y Hans Meincke (Círculo de Lectores). La fundación partía con 52 miembros fundadores y un capital de 800 millones de pesetas procedente de las aportaciones de empresarios, bancos y entidades, además de 10 millones de parte de cada una de las 17 comunidades autónomas, pese a lo cual los presidentes de las comunidades del País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana no asistieron al acto de constitución de la fundación. Este monto debía cubrir las siguientes tareas de renovación:
• las tareas de informatización de los archivos de la RAE,
• la conformación de un banco de datos del español contemporáneo,
• la nueva planta del DRAE y
• otros proyectos de diccionarios y necesidades de la institución.
El real decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprobó el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados había eximido ya a la reales academias (y demás academias de España) del pago de este impuesto. La ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General permitió considerar a la RAE sujeto de mecenazgo y establecer atractivos incentivos fiscales para los benefactores. Para garantizar debidamente la interacción entre la nueva fundación y la Academia Española, el real decreto 1857/1995, de 17 de noviembre, modificó de nuevo los Estatutos de la RAE:
1. Subrayando que la institución tenía personalidad jurídica propia, lo que la capacitaba para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales.
2. Precisando su capacidad para crear fundaciones y asociaciones, así como para crear sociedades mercantiles o participar en sociedades no personalistas.
Pese a su potestad para crear sociedades, la ley 43/95, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (refundida en el legislativo 4/2004, de 5 de marzo), en su artículo 9 eximió a la RAE (y demás academias de España) del pago de dicho impuesto, y quedaron parcialmente exentas las entidades de mecenazgo y sin ánimo de lucro como lo era la Fundación pro RAE. De la ley 49/2002, del 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (que ampliaba y mejoraba la ley 30/1994, de 24 de noviembre) se derivaron estos otros beneficios para la RAE, la Fundación pro RAE y sus mecenas:
1. Los benefactores de la RAE, tanto por vía Fundación pro RAE como por convenio directo entre una empresa y la RAE, podían obtener mayores deducciones fiscales de la labor de mecenazgo realizada (M. Cruz Amorós y S. López Ribas, 2004: 173-239).
2. Tanto la RAE como la Fundación pro RAE (ambas clasificables como entidades «sin ánimo de lucro») podían realizar explotaciones económicas de acuerdo con las actividades propias de su objeto o finalidad estatutaria e incluso explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria siempre que su volumen de negocio no superase el 40 % de los ingresos totales de la entidad (ley 49/2002, art. 3, § 3) .
3. Ambas quedaban claramente exentas del pago de los impuestos sobre Sociedades, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades Económicas (M. Cruz Amorós y S. López Ribas, 2004: 145-151).
El nuevo Reglamento académico de 1995 desarrolló todas las disposiciones estatutarias básicas y adjudicó a la Junta de Gobierno de la institución la tarea de «fijar las remuneraciones de los cargos y las retribuciones generales y especiales, así como las dietas que correspondan a los señores Académicos. Resolverá también la Junta todo lo concerniente al nombramiento, remuneración y reglamentación del personal de la Academia» (RAE, 1995: 55). La cuantía de esas cantidades se desconoce. La Academia Española no las facilita.
Al finalizar el mandato de Fernando Lázaro Carreter en diciembre de 1998, la Fundación pro RAE contaba con decenas de patronos y sus aportaciones sumaban el 40% del total del presupuesto de la RAE. No obstante, según declaraciones de su sucesor y actual director de la RAE, Víctor García de la Concha, en comparecencia ante el Senado español, tampoco las ayudas percibidas por medio de la Fundación pro RAE sumadas a las del Estado acabaron resultando suficientes para financiar la renovación de infraestructuras y planes académicos y al mismo tiempo prestar ayuda a las academias hispanoamericanas en situación de precariedad. Por ello se emprendió la firma de convenios de colaboración en la financiación de proyectos con diversas empresas, muchas de las cuales ya formaban parte de la Fundación pro RAE y compartían intereses con la Academia Española, y se canalizaron a través de esta fundación ayudas estatales suplementarias:
[CITA INTERCALADA:]
En cuanto al presupuesto, siempre es, por definición insuficiente en una institución de este tipo. Nosotros recibimos una parte del presupuesto del Estado —lo sabe su señoría porque tienen que aprobarlo—, que viene a ser menos de la mitad de lo que realmente gastamos. El resto lo recabamos de ayudas. El Director de la Academia es un continuo mendicante. Tenemos en este momento, como sabe, la Fundación pro-Real Academia Española, cuyo presidente de honor es Su Majestad el Rey. La idea era que se constituyera un capital fundacional importante cuyas rentas pudieran mantener las actividades pero, naturalmente, el bajón de los intereses ha hecho que esa ayuda, aunque considerable, se haya quedado corta, como ocurre en todas las fundaciones. = Por tanto, lo que estamos haciendo es buscar ayudas para cada uno de los proyectos que tenemos. Y vamos a hacerlo y estamos haciéndolo con rigor, es decir, si nosotros queremos reformar los americanismos vamos a Endesa, que tiene intereses en Hispanoamérica, y le decimos que vamos a hacer este trabajo, y vamos a hacerlo en tanto tiempo, y le ofreceremos a usted detallada cuenta de cómo gastamos su dinero. = En la Academia trabajan en este momento más de cien personas, pero aparte de eso nos encontramos con el gran problema de las academias americanas y sus limitaciones presupuestarias, y tenemos que estar ayudándoles porque creemos en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. [España. Cortes Generales, 2002: en línea; la negrita es nuestra.]
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
Así, mediante convenios puntuales, la Academia Española fue sumando importantísimas cantidades a las cuotas fijas de sus benefactores de la Fundación pro RAE y a los presupuestos estatales, que en 1999 el Gobierno de Aznar había fijado en una cantidad de 500 millones de pesetas (3 005 062,70 €) (Letralia, 03/05/1999: en línea), gesto que García de la Concha agradeció recordando que el espíritu de la Casa era «Servir al honor de la nación. Servir al honor del idioma» (Antonio Astorga, 16/04/1999: 67). Poniendo sólo algunos ejemplos sin ánimo de exhaustividad:
1. La academia y el Grupo PRISA firmaron un convenio de colaboración (El País, 11/12/1998: en línea) por el que el grupo periodístico prestaba apoyo económico para la informatización de la institución.
2. Para la revisión de diversos campos del léxico registrado en la edición en CD-Rom del DRAE 2001, según consta en los preliminares de este, se recibieron ayudas especiales de diversas entidades:
[CITA INTERCALADA:]
[...] el minucioso trabajo de revisión de los americanismos registrados en el Diccionario y la extraordinaria adición de nuevos artículos y acepciones revisados por las Academias Correspondientes y por la Comisión Permanente, han sido facilitados por Endesa y sus empresas colaboradoras:
– FUNDACIÓN ENDESA, España
– ENERSIS, Chile
– CHILECTRA, Chile
– RÍO MAIPO, Chile
– EDESUR, Argentina
– EDELNOR, Perú
– CERJ, Río de Janeiro, Brasil
– COELCE, Estado de Ceará, Brasil
– CODENSA, Colombia.
La revisión del léxico jurídico del Diccionario ha sido patrocinada por la editorial CIVITAS. = Con la ayuda económica del Grupo PRISA se han realizado diversas acciones informáticas de preparación del Diccionario.
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
Según el Boletín de la Real Academia Española (tomo LXXIX, cuaderno CCLXXVIII, septiembre-octubre de 1999, p. 446), la academia recibió 60 millones de pesetas (360 607,52 €) sólo de Endesa en virtud del convenio firmado entre ambas entidades con objeto de «financiar los estudios en colaboración con las academias hispanoamericanas. Este proyecto permitirá la revisión de los registros existentes y la adición de nuevos testimonios o aceptaciones, lo que supondrá el perfeccionamiento continuo del Diccionario en este ámbito léxico».
El 9 de octubre del 2001 las fundaciones pro RAE y Endesa renovaron su acuerdo de colaboración (El País, 10/10/2001: en línea) por el cual la empresa eléctrica se comprometía a invertir otros 60 millones de pesetas (360 607,52 €) entre el 2002 y el 2004, que la academia destinaría a recopilar americanismos de los diferentes diccionarios de la RAE, crear robots de búsqueda de información en Internet, así como a buscar neologismos y regionalismos en páginas web.
En el 2005 suscribieron un nuevo convenio por el que la Fundación Endesa se comprometía a aportar hasta el 2011 un total 481 000 euros (algo más de 80 millones de pesetas) (Fundación Endesa, 2006: 58) para cubrir los objetivos siguientes:
[CITA INTERCALADA:]
• Revisar sistemáticamente las bases de datos y las obras lexicográficas especializadas para determinar qué voces y qué acepciones de Hispanoamérica y Filipinas deben añadirse al Diccionario y cuáles deben enmendarse o suprimirse.
• Evaluar qué voces y acepciones americanas y filipinas corresponden a términos de uso general en los respectivos países y cuáles son propios de niveles sociales de registro, de especialidad técnica, etc., más restringidos, para separar estos últimos, que sólo se incluirán en el Diccionario de Americanismos. [Fundación Endesa, 2006: 44-45.]
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
3. El 8 de marzo del 2000 Telefónica y la RAE firmaron un convenio de colaboración (Amelia Castilla, 09/03/2000: en línea; y RAE Y Asale, 2000: 63) por el que la entidad de telecomunicación aportaba 300 millones de pesetas (1 803 037,62 €) durante el periodo 2000-2002 para financiar:
• el desarrollo en Internet del servicio del Departamento de Español al Día, que atiende las consultas lingüísticas de los usuarios;
• la elaboración del Diccionario panhispánico de dudas, y
• la puesta en marcha de la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para la conexión de las 14 academias que carecieran de ella, a fin de establecer una red interacadémica a través de Internet.
El 12 de enero del 2004 se renovó para ese año el convenio anterior (El País,13/01/2004: en línea), y en la web de Telefónica se precisó que la finalidad era en esta ocasión:
• Consolidar y continuar mejorando la calidad y rapidez de las respuestas del servicio Español al Día, que en ese momento recibía y despachaba una media de 275 consultas diarias de todas las partes del mundo.
• Patrocinar la redacción y revisión del Diccionario panhispánico de dudas, a fin de completar los materiales previstos para la primera edición impresa de la obra en el año 2005 añadiendo los campos de conjugación irregular, problemas de construcción y régimen, problemas de género, parónimos, usos impropios y extranjerismos.
Se anunciaba, además, que cuando el diccionario estuviera terminado, el Grupo Telefónica presentaría la versión electrónica en sus distintos servicios de Internet, al igual que ya hacía con el diccionario de la RAE, disponible en los portales de Terra y de la Fundación Telefónica. El hecho de que Telefónica costeara la realización del Diccionario panhispánico de dudas y se propusiera difundir su versión digital de inmediato, una vez publicada la impresa, no fue impedimento para que la RAE demorara meses la puesta a disposición del usuario de la versión en línea, a la espera de alcanzar las mejores expectativas de venta del volumen en papel.
4. El 14 junio del 2007, la RAE y el Grupo Santander llegaron a un acuerdo para la creación de un nuevo corpus académico, el Corpus de Español del Siglo XXI (Universia, 15/06/2007: en línea), con el mecenazgo del grupo, mediado por su División Global Santander Universidades, cuyas actividades vertebran la acción social del banco. No se especificaba la cuantía.
5. Por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en 1999 recibió 2 000 000 de pesetas (12 020,25 €) de ayuda para «el proyecto “Digitalización del Catálogo de la Biblioteca de la Real Academia”» no por vía directa, sino a través de la Fundación pro RAE.
6. Para la financiación de las tres versiones previstas de la Nueva gramática de la lengua española (extensa [en tres volúmenes], manual y escolar) se firmaron convenios de patrocinio con Fundación Altadis, que costeó los volúmenes de Morfología y Sintaxis de la versión extensa; con Caja Duero, a cargo del volumen (aún inédito) de Fonética y Fonología y de la versión Manual, y con Fundación Mapfre, que ha de costear la versión básica. La Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua sufragó las reuniones de la Comisión Interacadémica, e Iberia, en virtud del acuerdo comercial suscrito el 25 de noviembre del 2009, que convertía la aerolínea española en transportista aérea oficial de la Real Academia Española, asumió el traslado de sus miembros, colaboradores y de los representantes de las 21 academias a las diversas reuniones mantenidas.
Al margen de los convenios suscritos con cada uno de los patrocinadores de la Fundación pro Real Academia, de patrocinio de trabajos y equipos concretos de la RAE, el patronato de la fundación establece un presupuesto anual para la Real Academia Española; por ejemplo: «Durante el acto [de reunión del Patronato de la Fundación Pro RAE], el Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, como presidente de la Fundación Pro Real Academia Española, recordó que para 2002 en la última sesión del patronato se aprobó un presupuesto de ingresos de 2 200 000 euros y unos gastos de 1 740 000 euros, siendo la partida más importante de 1 650 000 euros que se entregarán a la academia para que, junto con las academias hermanas, pueda seguir realizando las actividades que están mereciendo general reconocimiento» (ABC, 15/02/2002: 2 y 43).
En el X Congreso de Academias de la Lengua Española (Madrid, 24-29/04/1994), la Fundación pro RAE hizo su primera intervención como entidad vinculada a la academia por voz de su presidente, Luis Ángel Rojo, quien hizo un llamamiento a la integración en la fundación de empresas y entidades «hispanoamericanas» usando el señuelo de los «beneficios que resulten de la unidad y de los trabajos conjuntos de la Asociación [de Academias]» (RAE, 1997: 537). Como en los viejos tiempos del hispanoamericanismo (§ 2.1 y 2.4), para persuadirlas del interés común que la fundación perseguía se llamaba a filas a la diplomacia presente en el congreso. Tales esfuerzos diplomáticos no debieron realizarse o no obtuvieron el éxito esperado, porque en el momento de concluir este artículo (julio del 2010) la Fundación pro RAE continúa estando mayoritariamente formada por entidades y empresas españolas.
A día de hoy, y sin haber realizado un estudio exhaustivo y pormenorizado de las finanzas académicas, podemos afirmar que, sólo por vía pública y como ingresos constantes, la RAE y la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española llevan años recibiendo de los presupuestos generales del Estado del orden de 3,9 millones de euros anuales. La Academia Española también percibe del erario público partidas especiales para proyectos concretos, como es el caso de los 1,2 millones de euros destinados en el ejercicio en curso al inacabable Diccionario Histórico (partida anual desde el 2005; El País, 13/07/2005: en línea) o el presupuesto público (212 millones de pesetas = 1,27 millones de euros) destinado por el Ministerio de Cultura a los corpus CREA y CORDE para los ejercicios 1999 y 2000 (ABC, 17/06/1999: 55). De cada una de las 17 comunidades autónomas españolas, tengan o no el castellano como lengua propia, recibe anualmente del orden de 30 000 € (0,510 millones de euros al año) vía Fundación pro RAE, al margen de ayudas destinadas a proyectos concretos. Y no contamos otras vías de sostén público menos constantes.
Los datos, someros, hasta aquí expuestos dan una idea aproximada del volumen de caudales que la RAE —principalmente— y la Asale perciben desde hace años. Queda a juicio del usuario decidir si se corresponden con la calidad de la obra que producen y de los recursos que ofrecen —a menudo previo pago—. De la lectura de El dardo en la Academia se desprende fácilmente que no existe tal correspondencia. Así mismo opinaba el lingüista e investigador Carlos Subirats, comparando los presupuestos destinados a la RAE con los que reciben los centros de investigación universitarios que trabajan en el campo de la lingüística en España:
[CITA INTERCALADA:]
Lamentablemente, en el contexto español, resulta necesario denunciar la incompetencia de la Academia —aunque se trate de una institución cuya existencia carece de sentido en una sociedad moderna—, puesto que obtiene anualmente una financiación estatal —sin mediar ningún proceso competitivo— que es muy superior a la que reciben en conjunto y durante el mismo periodo de tiempo todos los proyectos de investigación de lingüística en España. [Subirats, 2007: 172.]
[CITA INTERCALADA:]
Pero el avance de la lingüística en España es lo que menos importa en la política de apoyos públicos y privados a la RAE y la Asale. El actual director de la institución y continuador del programa de renovación que había impulsado Fernando Lázaro Carreter, Víctor García de la Concha, en una entrevista concedida al suplemento El Cultural de El Mundo dejó perfectamente clara la clase de contrapartida por los servicios prestados (al Gobierno de turno, a la institución monárquica, a las fundaciones vinculadas a la Academia Española y a sus benefactores) que suponían todas estas ayudas financieras:
[CITA INTERCALADA:]
Al cabo, de lo que más orgulloso está es de «la política panhispánica», es decir, del reforzamiento de la colaboración con las Academias de la Asociación reconocido con el premio Príncipe de Asturias «y que ha superado con mucho la mera palabrería y se ha instalado en la realidad de la cooperación». Por eso, ahora que sólo le falta visitar Cuba («voy en otoño»), se felicita por la ayuda a las Academias que carecen de sede (El Salvador, Uruguay, Costa Rica y Guatemala), gracias a la Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. «No sólo eso, también hemos dotado a las Academias de infraestructura informática con el apoyo de Telefónica; vamos a dotarles de estos lexicógrafos, gracias a la Fundación Carolina y al Grupo Planeta. Esa política trasciende el interés específico de lo lingüístico para situarse en la cultura y la política de la comunidad iberoamericana». [...] «Ya desde la etapa del gobierno socialista, los gobiernos han entendido que la Academia está en el nivel de Estado. En esto la figura clave es el Rey, que por mandato constitucional es patrono de la RAE. A poco de ser elegido, la primera vez que me recibió sólo me pidió que atendiese a América. En el último almuerzo que tuvimos en la Academia [...] volvió a insistir en ello. Clave, pues, la figura del Rey en situar a la Academia en el nivel de política de Estado. Esto lo entendió el gobierno socialista, que duplicó el paupérrimo presupuesto de la Academia, y lo ha entendido el PP, que ha duplicado de nuevo el presupuesto.»
—¿Cuál es el de este año?
—Mil millones de pesetas.
—¿El cambio de imagen de la RAE de los últimos diez años es sólo cuestión de dinero?
—Creo que la Academia ha estado, una vez más, a la altura de las circunstancias. En esta década se ha dado cuenta del signo de los tiempos y ha percibido que había que entrar en la informatización, que había que crear el banco de datos al servicio de todos los usuarios del español, que había que entrar por el camino de la lingüística computacional, a través de grandes centros como Microsoft, que ya estamos o con IBM, que vamos a estar de manera inmediata. Eso supuso un esfuerzo de búsqueda de medios, y allí vino el Rey en nuestra ayuda con la creación de la Fundación Pro Real Academia. Ahora, si necesito revisar los americanismos y eso supone subvencionar a las academias americanas, acudo a Endesa, que sé que tiene intereses en Hispanoamérica. O vamos a Telefónica para que subvencione el Diccionario Panamericano. Sabemos sacarle brillo a la peseta. [N. Azancot, 18/07/2001: en línea; la negrita es nuestra.]
[FIN DE CITA INTERCALADA.]
En este punto, permítanos el lector una pequeña digresión, especialmente dirigida a los poderes públicos y a los investigadores de la historia académica. Lamentablemente, y a pesar de que es posible encontrar datos y análisis exhaustivos sobre las fuentes de sostén económico de otras corporaciones afines y a pesar de que una institución paraacadémica de creación reciente, como lo es la Fundéu BBVA, publica una memoria anual donde —entre otros asuntos relacionados con su actividad— se hace balance de sus cuentas, la Academia Española muestra una reprobable opacidad en lo referente a sus finanzas. Por esta razón, recopilar este tipo de información a lo largo de la historia académica exige un trabajo de investigación arduo y laborioso que muy pocos han decidido acometer. Esta laguna en la historiografía académica, en un aspecto tan relevante para el conocimiento de la estructura de la corporación y para la comprensión de su funcionamiento y evolución, queda especialmente de manifiesto en la amplia elipsis que el académico y por largo tiempo secretario de la academia, Alonso Zamora Vicente, realizó en su historia de la institución (1999), pese a haber dispuesto de documentación privilegiada que le habría permitido dibujar un panorama histórico más completo y fidedigno. Zamora Vicente sólo alude a la base económica de la Academia Española al referirse a la asfixia financiera a que la sometió el régimen franquista; un dato que beneficia sin duda a su imagen pública, mientras que se obvian otros menos favorecedores (entre otros muchos, los datos sobre los beneficios obtenidos por la oficialización escolar de la obra académica; v. § 1.7). No obstante, un acopio minucioso y un detallado análisis de los datos económicos de la institución (estatuto fiscal y administrativo, fuentes de financiación, formas de administración, sistemas de control...) a lo largo de su historia serían de extrema utilidad no sólo para acabar de delinear el perfil institucional de la RAE, sino también para evaluar su eficiencia como entidad semipública —en parte obligada a revertir sus esfuerzos productivos en beneficio público— a lo largo de sus siglos de vida. Esperamos que la breve compilación que por nuestra parte hemos podido realizar a lo largo de este ensayo abra un camino de estudio de la institución académica —como tantos otros, apenas explorado— que aventuramos muy fructífero para una mejor comprensión del papel y la posición de esta institución en el mundo hispánico.