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Un pulso insostenible por la cultura sostenible

Un pulso insostenible por la cultura sostenible

El cada vez más frecuente el choque de intereses entre la industria cultural —que exige protección ante prácticas que le suponen un perjuicio económico—, los creadores —que reclaman sus legítimos derechos a percibir los réditos que les corresponden por su trabajo (y que les permiten seguir creando)— y la demanda, cada vez más extendida, de los consumidores/usuarios de vías de libre acceso al conocimiento.

Todas estas reclamaciones parecen, en un principio, razonables, si no fuera porque en todos los casos existen sombras de sospecha que desvirtúan su legitimidad. Por una parte, existe entre los directivos de las industrias y los creadores una visión apocalíptica del papel que desempeñan en su pervivencia ciertas prácticas de consumo, que no es capaz de discriminar lo que realmente es una violación de los derechos de autor de aquello que simplemente supone una transformación de los hábitos de consumo, de las tendencias socioculturales y de las exigencias del cliente. En el mundo del libro, esta visión deformada y tremendista se lleva a tal extremo que incluso una práctica tan necesaria para la difusión del conocimiento y el acceso de los autores a sus lectores potenciales como es el préstamo bibliotecario es vista como una amenaza, a la que se pretende poner coto por la fuerza de la ley y la imposición de un gravamen (el canon por préstamo bibliotecario) que ha desencadenado en el usuario y en los organismos culturales un efecto de rebote y ha generalizado la idea de que los productores culturales y las agrupaciones corporativas de creadores no son más que mercaderes, sin más intereses que los meramente lucrativos.

En una línea parecida, los editores estadounidenses se lamentaban recientemente del volumen de ventas de libros usados (que no devengan regalías al autor ni ganancia suplementaria al editor) en librerías como Amazon, EBay o Alibris, y reclamaban protección legal ante esta nueva competencia, que consideran desleal y rayana en la ilegalidad. La venta de libro de segunda mano es una práctica legal, pero las facilidades para su adquisición que permiten estas librerías internéticas han disparado las cifras. Los editores argumentan que Amazon y EBay suelen poner a la venta ejemplares usados a muy bajo coste casi simultáneamente al lanzamiento de la obra como novedad, lo que bloquea las ventas de los ejemplares nuevos. En contrapartida, estas modernas librerías de viejo sostienen que los libros usados son la única posibilidad de acceso a títulos para ciertos segmentos de la población, que de este modo tienen a su alcance obras y autores que de otra manera nunca habrían conocido ni adquirido. Y los consumidores defienden de nuevo su derecho a adquirir obras a un precio razonable y el papel de almacenes de fondo que estas librerías realizan con obras que al poco tiempo ya no podrían adquirirse en las propias editoriales, cada vez más reacias a mantener un catálogo permanente.

En esta confrontación, el baile de cifras es constante: unas estadísticas que unos (autores y productores) entienden como prácticas de consumo cultural que los condenan a la ruina y la desaparición son, para los otros (consumidores, bibliotecarios, librerías de viejo…), irrelevantes, porque, según sostienen, se equilibran por la capacidad de retroalimentación de la industria que permite el aumento progresivo del número de lectores y del acceso a nuevos autores; no existe, para ellos, amenaza, sino un proceso de transformación del reparto de ganancias, que dejarían de concentrarse en pocas manos.

No obstante, si sobre las quejas del productor y el autor y sus intentos desmesurados de buscar protección legal se cierne la sombra de la codicia, no menos oscura es la que proyecta sobre el consumidor defensor del libre acceso al conocimiento la fina línea que separa esta filosofía de la violación pura y dura, mediante prácticas de piratería, de los derechos de autor y de los derechos de reproducción, una línea que, en el sector del libro, demasiado a menudo se atraviesa tanto entre segmentos de población juvenil sin problemas adquisitivos pero criada en la cultura de la fotocopia y la libre reproducción, como en países donde sí existen verdaderas dificultades de acceso a la cultura; situaciones, una y otra, que propician el desarrollo de un negocio editorial paralelo, completamente exento de garantías para el consumidor.

Enrocados, creadores e industria editorial, en la teoría de que facilitar el acceso a los productos culturales supone abonar el terreno para las prácticas delictivas y propiciar el fin de la industria cultural, y haciéndose fuertes, tanto el consumidor como las entidades de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro e instituciones docentes públicas, en la idea de que es necesario promover y garantizar el libre e ilimitado acceso al conocimiento, este litigio no puede resolverse de otro modo que mediante un pulso sostenido, que mida la capacidad de presión y condicionamiento de unos y otros sobre los organismos políticos y legislativos para que legislen según sus intereses.

Como necesario contrapunto a esta confrontación de fuerzas surgen de vez en cuando vías de solución alternativas, como las nuevas licencias Creative Commons (adaptadas desde octubre del 2004 a la legislación sobre propiedad intelectual del Estado español), una organización sin ánimo de lucro que ofrece un sistema flexible de derechos de autor para el trabajo creativo, que abarca un amplio abanico de licencias, desde el tradicional sistema de derechos de autor hasta el dominio público, pasando por diversas opciones de licencia de uso o modificación por terceras personas entre las que el creador puede escoger según su conveniencia. Por desgracia, son iniciativas que apenas suponen un parche en la brecha que se está abriendo entre productores, instituciones culturales y consumidores, que difícilmente podrá cerrarse si los organismos que establecen políticas culturales y de protección de derechos intelectuales no propician un diálogo y una negociación entre las partes, encaminada a establecer prácticas de consumo y legislaciones que satisfagan las exigencias más irrenunciables de unos y otros.

Silvia Senz Bueno (Sabadell, Cataluña, España)

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