Políticas lingüísticas de las academias de la lengua hispanoamericanas (o la falta de ellas). Segunda parte: Relación entre planificación lingüística y contexto sociohistórico

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La política lingüística del Estado uruguayo mantiene el típico carácter homogeneizador de los estados nacionales. El país tampoco ha sido ajeno al purismo lingüístico que sostiene ideológicamente el idioma español estándar y que se manifiesta discursiva y planificadamente.

En 1877, la Ley de Educación Común propuso la enseñanza del idioma español en todas las escuelas, a pesar de la existencia de grupos lingüísticos no hispanohablantes. El idioma portugués, en la frontera con Brasil, siguió vital y dio lugar a la formación de la variedad dialectal del portuñol, a pesar de los esfuerzos de la ley en sentido contrario. Entre los grupos migratorios (italianos, gallegos, armenios, rusos, vascos, griegos, etc.), en cambio, la planificación sí fue eficaz porque, entre otras razones, ya estaban en franco retroceso.

Durante la dictadura militar (1973 a 1985) recrudeció el discurso prescriptivo xenófobo y purista, dándose sustancialmente sobre el léxico y la gramática. La planificación, desarrollada sobre todo durante el año 1979, apuntó a defender al idioma español de la «amenaza» del portugués, por un lado, y, por otro, a preservar su «pureza» frente a la «contaminación» de expresiones «incorrectas». El Ministerio de Educación y Cultura, las Inspecciones Docentes y el Consejo Nacional de Educación, por medio de la prensa, la radio y la televisión, se propusieron aumentar las horas dedicadas a la enseñanza del idioma español y limitar la influencia de la radio y televisión brasileñas. En los discursos contra el portugués se utilizaron términos y conceptos negativos: amenaza, lucha, combate, guerra sin cuartel, barrera defensiva, contra el portugués... Por el contrario, el discurso de la campaña purista dirigida a fomentar «el buen uso del idioma» —reflejo de la ideología propia de una lengua estándar— acentuaba la función unificadora del idioma español con conceptos positivos: lengua como pilar de la soberanía y la unidad nacional; lengua de la libertad, del heroísmo y del amor...

El purismo lingüístico se ha dado en momentos históricos particulares, para defender, demarcar y proteger aquello que constituye lo propio. Campañas de este tipo buscan unificar a la comunidad en torno a valores de una lengua común, a la que se exalta desmedida e incondicionalmente. La información se presentaba a la manera típica de los actos correctivos: expresión incorrecta seguida del uso correcto y su fundamentación, luego la firma del agente planificador por excelencia (el poder y la decisión estatales), cerrando con un eslogan de carácter nacionalista (buen uso del idioma = cultura + valores).

La prescripción léxica se dio en dos direcciones: los extranjerismos y los vulgarismos, estigmatizando tanto lo foráneo como lo inculto. A nivel fónico, donde las diferencias sociolectales que señalan a un individuo se perciben más, sin embargo, casi no caben prescripciones: la estandarización es exitosa sobre la lengua escrita, es allí donde están sus referentes.

Los objetivos últimos de una planificación no son solo lingüísticos sino también políticos, sociales, identitarios, etc. El concepto problema lingüístico suele referirse al lenguaje como cultura y comportamiento social, por lo que las soluciones lingüísticas propuestas forman parte de objetivos más amplios. Cuando la norma prescriptiva entra en conflicto con la norma social, aquella es rechazada por la comunidad y por tanto pierde credibilidad. En la práctica, el mejoramiento en el uso del lenguaje resulta mínimo. Estas campañas idiomáticas tienen, por tanto, una función solo simbólica: la comunidad preserva su lengua, lengua como patrimonio de nacionalidad, preocupación institucional paternalista...

El objetivo primordial, para el Gobierno de aquel período nacional, fue la afirmación de la autoridad: planificación lingüística y planificación de identidad son conceptos relacionados; actuando en una se incide sobre la otra, y viceversa.

Otro intento menor de campaña purista se dio en el año 1999. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se propuso la defensa idiomática frente a las «malas palabras» empleadas en un programa televisivo argentino. La reacción del público y autoridades no se hizo esperar, manifestando su descontento. La Academia Nacional de Letras adoptó una actitud crecientemente cautelosa, que impidió al Ministerio implementar su campaña.

Estos conceptos han sido extraídos de Política lingüística en el Uruguay: las campañas de defensa de la lengua (2005), de la sociolingüista Graciela Barrios (Universidad de la República, Uruguay) y la socióloga Leticia Pugliese (Universidad de la República, Uruguay).

[Sigue en: «Políticas lingüísticas de las academias de la lengua hispanoamericanas (o la falta de ellas). Tercera parte: La región rioplatense, un nuevo centro de estandarización».]

Pilar Chargoñia, correctora de estilo. Montevideo, Uruguay, [e-mail]

3 comentarios

[Pilar Chargoñia - 23 de noviembre de 2006 - 13:01]

Gracias, Leticia, por tu comentario. No hago más que divulgar el trabajo de los académicos uruguayos. En la Red y fuera de ella hay obras que son joyitas; en este caso, es un trabajo de Graciela Barrios --a quien conocés bien de la Facultad de Humanidades-- y Leticia Pugliese.
Un beso.

[Leticia Chifflet - 23 de noviembre de 2006 - 02:06]

Pilar, comparto contigo lo que has escrito. Hay algo que puede más que los gobiernos: el habla. Mientras la lengua se use, aunque intenten aplastarla siempre habrá contra corrientes.

[Ana Lorenzo - 04 de julio de 2006 - 11:59]

Desde luego, Pilar, el artículo ilustra muy bien lo que nunca debería darse en una lengua —y que lamentablemente sigue ocurriendo—: que el gobierno sea la institución que la cuide, pula y dé esplendor. Eso es como que el gobierno nos dé la religión oficial: cosa de dictadores, ya sea gobierno de imperio, de país, de estado confederado... La institución que debe velar por la lengua, siempre atenta a los hablantes y siempre guiándose por criterios lingüísticos —nunca políticos y, menos aún, populistas—, debe ser la Academia, el grupo tácitamente acordado por la sociedad, los intelectuales en los que el hablante ha confiado... Un saludo.