¿Por qué y cómo se protegen las lenguas? (A propósito del intervencionismo lingüístico)

[Extracto de un artículo en proceso:]

La conservación lingüística es uno de los diversos objetivos que puede proponerse una política del lenguaje y que puede implicar diversas medidas de defensa, recuperación y desarrollo idiomáticos. Se aplica para revertir, frenar e incluso prevenir los procesos de minorización que tienen lugar cuando dos comunidades lingüísticas entran en competencia en un mismo terreno de uso o en un mismo territorio geográfico, contando con condiciones contextuales (políticas, económicas, educativas, demográficas o sociales) desiguales que acabarán colocando a una de ellas en un papel dominante y restringiendo progresivamente el área de uso o el número de hablantes de la otra.

Aun siendo el español una lengua expansiva y plenamente vital, sufre asimismo una situación de minorización en el caso de la masa de inmigrantes latinos en Estados Unidos, que no ven favorecido el mantenimiento de su idioma nativo —cuando este es el castellano— por el sistema político, económico, social y educativo estadounidense y, paradójicamente, tampoco por los juicios y la acción de la Academia Norteamericana de la Lengua (ANLE). Asimismo, en los países americanos bajo el área de influencia económica y cultural de Estados Unidos, se han desarrollado políticas decididamente intervencionistas, cuyo fin primordial ha sido y es frenar el avance del inglés (cf. Silke Jansen (2008): «La "defensa" del español en Hispanoamérica: normas y legislaciones acerca del uso de la lengua»). Frente al inglés, de hecho, desarrollan políticas de protección prácticamente todos los bloques político-lingüísticos de la sociedad occidental. Para el caso de España, véase una breve relación de medidas (derogadas y vigentes) no sólo de extensión, sino también de defensa del castellano en Eines de Llengua («Fitxes», § 1-4). Dada la polémica que ha suscitado la ley catalana que establece cuotas de doblaje y subtitulación al catalán, creemos que es de especial interés recordar al lector la (también polémica) legislación española del campo cinematográfico (que ha entrado recientemente en vigor), realizada con fines proteccionistas del cine español y europeo frente al anglosajón, que prevé también el fomento de la industria cinematográfica española en todas lenguas oficiales del Estado.

Las intervenciones planificadas en una lengua (esté o no en declive) de signo conservacionista se apoyan en la naturaleza de las lenguas (y de cada una de sus variantes) como formas de organización social y creación cultural de los grupos humanos y en su potencial como medios de identificación no sólo del individuo, sino de colectivos social y culturalmente cohesionados, y son siempre resultado de una firme voluntad política, por parte de la comunidad de hablantes implicada o de las autoridades que la representan, de afirmación y preservación de su identidad, de su cultura y de su derecho a la visibilidad.

Las políticas de revitalización y protección de lenguas en declive parten de la idea de que no muere la lengua que cambia y evoluciona (y da con ello vida a nuevas lenguas), sino aquella que pierde al último de sus hablantes y de la que ya no queda vestigio. Desde la perspectiva de la ética política, además, consideran los derechos lingüísticos de una comunidad como parte de los derechos humanos de cada uno de sus individuos, y se fundamentan en los preceptos de discriminación positiva y protección de las minorías que también se aplican en las políticas de compensación e integración de los grupos humanos históricamente inmersos en una situación de desventaja, persecución o maltrato, como pueden ser las mujeres, los indígenas americanos, los negros o los judíos. Desde el punto de vista de la gestión y conservación del patrimonio cultural, entienden las lenguas como formas intangibles de patrimonio antropológico e histórico. Y en lo que respecta al plano científico, estas políticas consideran la diversidad lingüística como un material de inconmensurable valor —que lo tiene (Mendívil Giró, 2008)— para la investigación sobre la facultad humana para el lenguaje.
Para diseñar un proceso de revitalización adecuado a cada situación es necesario partir de una definición de lengua en peligro y evaluar en qué grado lo está la lengua en cuestión. Uno de los marcos referenciales más recientes para establecer políticas de salvaguardia y recuperación es el establecido por la Unesco. En el 2002, esta organización mundial encomendó a un grupo internacional de lingüistas la elaboración de un baremo que permitiera determinar la vitalidad de una lengua. Este Grupo de Expertos en Lenguas en Peligro elaboró un documento titulado «Vitalidad y Peligro de las Lenguas»  en el que se fijaban los siguientes nueve criterios de medición (Unesco, 2006: 2):

1) Transmisión intergeneracional de la lengua.
2) Número absoluto de hablantes.
3) Políticas y actitudes hacia la lengua por parte del gobierno y las instituciones.
4) Situación de la lengua en cuanto a los ámbitos en los que se emplea.
5) Disponibilidad de materiales didácticos para el uso de la lengua en la enseñanza, así como para su propia enseñanza.
6) Naturaleza y calidad de la documentación disponible de la lengua.
7) Posibilidades de la lengua de abrirse a nuevos ámbitos y a los medios de comunicación.
8) Actitudes de los miembros hablantes de la comunidad hacia la lengua.
9) Proporción de hablantes en la comunidad etnolingüística afectada.

Los procesos de expansionismo y unitarismo son dos de las causas más habituales de decadencia y exterminio lingüístico. En los proyectos centralistas y uniformistas propios de la construcción de los Estados nación, y en las situaciones de expansión imperial o colonial (cf. Sylvain Auroux, 2009, para el caso paradigmático del francés), la causa de la extinción de las lenguas de las poblaciones sometidas puede ser el etnocidio, es decir, el exterminio abrupto o progresivo de sus hablantes nativos. Pero lo más frecuente es que se deba a un cúmulo de circunstancias, entre las que tienen especial fortaleza:

• las políticas de aculturación, es decir, de desplazamiento inducido de la identidad y la cultura propias y de sustitución por las hegemónicas, por la vía de la extensión, legalmente regulada, de la lengua (elevada al rango de) nacional en la educación, los medios culturales y los medios de comunicación;
• el desprestigio social de la lengua sometida,
• y las dificultades impuestas por la élite de la lengua dominante al resto de la población para prosperar económica y socialmente en su lengua nativa —o, cuando se instala un sistema social racista, incluso en la lengua del colono.

También el arrinconamiento (minorización) de aquellas variantes de una lengua no seleccionadas como base de la lengua estándar nacional, que quedan confinadas a usos coloquiales y muy localizados y asociadas al habla de las clases menos instruidas (lengua «vulgar»), es una forma de empobrecimiento del patrimonio lingüístico y cultural que no debe menospreciarse y que instala igualmente la verticalidad lingüística entre los hablantes de una misma lengua, parte de los cuales estarán siempre en desventaja social y laboral en razón de sus usos propios, aunque no sean conscientes de ello.

Tanto en España como en América Latina se vienen desarrollando procesos de revitalización de lenguas minorizadas por la expansión del castellano, con éxito diverso debido, en buena medida, a la falta de apoyo y acción gubernamental, al profundo arraigo de la ideología unitarista y del liberalismo lingüístico (cf. Henri Boyer, 2006; léase también aquí el clarificador comentario de Xoán Carlos Lagares), al racismo cultural y a la reticencia de la comunidad dominante (castellanohablante) a ceder espacio a las comunidades lingüísticas en proceso de recuperación.

En el caso de España, el Estado ha contraído, tanto en el marco político estatal como en el europeo y el mundial, obligaciones de protección de su diversidad lingüística que a menudo son papel mojado y de cuyo incumplimiento apenas se habla en las tribunas políticas y en los medios de comunicación, donde sigue avanzando el uniformismo más rampante y anacrónico, envuelto en la bandera de la mítica «lengua común».

Silvia Senz