Hacernos pagar lo que ya está pagado: la RAE y el DPD (1.ª parte)
Hace poco me llegó a través de la lista Iwetel, que a su vez recogía la información de Barrapunto, la noticia de una directiva europea que está en su fase final de elaboración, cuya aplicación, según su redactado actual, conllevaría la sujeción a copyright de la información geográfica pública, lo que implica cobrar a los ciudadanos por una información que ellos mismos han costeado con sus impuestos.
Hablando de información pública por la que quieren hacernos pagar, uno de los casos que más de cerca nos toca a los profesionales de esta ciberbitácora es la más que sospechosa decisión de la Real Academia Española de bajar de su página de Internet el avance del Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD), hasta entonces de acceso gratuito por línea, pocos meses antes de su publicación, y sus increíbles excusas técnicas para justificar que, una vez a la venta la versión impresa del DPD, no se haya subido inmediatamente su versión electrónica a la Red, para su consulta gratuita.
Probablemente mucha gente cree que la Academia está en su derecho de permitirse un margen de explotación comercial de sus obras, aun siendo hoy posible ponerlas a libre disposición de los hablantes. De hecho, como fundación sin ánimo de lucro, la RAE puede, según la ley 49/2002, del 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, realizar explotaciones económicas de acuerdo con las actividades propias de su objeto o finalidad estatutaria e incluso explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad estatutaria, siempre que su volumen de negocio no supere el 40 % de los ingresos totales de la entidad.
La explotación comercial del DPD entra dentro de la primera prerrogativa. El problema es que, cuando hablamos de fundaciones sin ánimo de lucro, patrocinio y labor cultural panhispánica, existe otra dimensión, la moral, que no debe perderse de vista. Veamos a continuación hasta qué punto la política académica de publicación y difusión de su obra hace caso omiso de esta dimensión.
Financiación y margen de negocio de la RAE como entidad sin ánimo de lucro
La Academia, como entidad sin ánimo de lucro con fines culturales y educativos (véase La fiscalidad en las entidades sin ánimo de lucro: estímulo público y acción privada, pp. 25-27), es beneficiaria de mecenazgo (o. cit., pp. 173-174), en virtud de lo cual se financia parcialmente, a través de la Fundación pro Real Academia Española (cuyo patronato preside el rey Juan Carlos I), mediante las aportaciones de donantes y patrocinadores como Telefónica (que sufragó el coste del Panhispánico), el Grupo Vocento, el Grupo Prisa, Caja Duero, IberCaja, Caja Madrid, Santander Central Hispano, Repsol YPF, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Fundación Endesa, El Corte Inglés, IBM, Iberdrola, Grupo Leche Pascual, Endesa, Fundación La Caixa, Espasa Calpe, Editorial Castalia, SM Ediciones, Fundación Santillana o Círculo de Lectores. Estas empresas, a su vez, se benefician de la aplicación de beneficios fiscales por estas donaciones. El resto de los fondos que recibe la RAE proceden, al menos en un 50 %, del Estado (es decir, de los contribuyentes).
Así pues, podemos decir que, cuando estas ven la luz, el coste de todas las obras académicas está ya cubierto, bien mediante donaciones de sus patrocinadores, bien con fondos públicos. ¿Por qué, entonces, no permitir inmediatamente su acceso gratuito a los hablantes? (Y cuando hablamos de acceso gratuito nos referimos sólo a su consulta en línea. Ya ni se espera de la Academia una postura de liberación como la que está llevando a la práctica el Termcat, que permita al usuario descargar gratuitamente el DPD.) ¿Tan grave es la merma de los ingresos que percibe la Docta Casa y las empresas editoriales que publican la versión impresa de los textos académicos, que no pueda contemplarse una publicación paralela de ambas versiones? Probablemente sí; las cifras hablan por sí solas.
Beneficios y beneficiarios de la explotación comercial de la obra académica
Como entidad financiada con fondos públicos, podría esperarse que las adjudicaciones de contratos de la RAE a empresas privadas tuvieran que realizarse a partir de la convocatoria de concursos públicos. Pero, legalmente, las ocho reales academias son «corporaciones científicas de derecho público», lo que las exime de cumplir la legislación de contratos de las administraciones públicas. Por tanto, la RAE elige directamente a las empresas que más pueden convenirle para publicar sus obras y acuerda con ellas las condiciones de explotación libremente.
Según un artículo publicado por El Mundo el 23 de noviembre del 2004, durante casi ochenta años la Academia publicó en Espasa Calpe (Grupo Planeta) sus obras, la venta de las cuales llegó a generar hasta el 40 % de la facturación anual de esta editorial en un año de lanzamiento. En el 2004, la RAE rompió esta larga relación para otorgar el derecho de publicación de la edición popular de El Quijote, del Diccionario del estudiante (DE) y del Diccionario panhispánico de dudas (DPD) al Grupo Santillana (propiedad del Grupo Prisa).
Curiosamente, el actual director de la Docta Casa, Víctor García de la Concha —que acaba, por cierto, de lograr que se modifiquen los estatutos de la Academia para garantizarse un tercer mandato—, compaginaba hasta el 2003 su cargo académico con los de director de la colección Austral y de la revista Ínsula (ambas de Espasa), que ejercía ya antes de ingresar en la institución. También el actual director de Ediciones Generales del Grupo Santillana (GS), Juan González Álvaro, fue director editorial de Espasa Calpe desde 1996 hasta 2000. Y recientemente contrató a la antigua responsable del Área de Referencia y Educación de Espasa y más tarde codirectora editorial de Espasa Calpe, Marisol Palés Castro, con quien trabajó en la histórica editorial. Es decir, tanto el director de la Academia como algunos de los principales ejecutivos de Espasa Calpe abandonaron la empresa poco antes de la concesión a Santillana de los derechos de publicación de las nuevas obras citadas, en algunos casos para pasar a ocupar cargos en el propio Grupo Santillana. Sin embargo, y aunque este trasvase de directivos de Espasa a Santillana pueda haber propiciado la nueva relación contractual de la RAE con Santillana, parece ser que la principal razón de que la RAE publique sus obras con este grupo es la red estructural y comercial que GS tiene en Latinoamérica (20 países de Latinoamérica, incluidos Brasil y Estados Unidos ), que ofrece excelentes perspectivas para la explotación de la obra académica más reciente, regida por la oportunamente aireada política panhispánica que sigue hoy la RAE, con su director como principal abanderado. Una política de unidad y de hegemonía lingüística compartida que parece servir sólo para vender libros. Cuando se trata de explotar el negocio de la enseñanza del español a extranjeros con la creación del Centro Internacional de Estudios Superiores del Español, (v. tb. la noticia publicada por la Fundéu el 22/02/2006 ) o de la Fundación de la Lengua Española, los académicos de uno y otro lado del charco se apresuran a dejar claro qué territorio es el propietario de la lengua castellana.
(Continúa aquí: http://tinyurl.com/pxubu)
Silvia Senz Bueno (Sabadell, Cataluña, España)
